Miles de trabajadores paralizaron este viernes Italia en una huelga general convocada por los principales sindicatos del país para protestar contra los Presupuestos Generales que tiene previsto aprobar el Gobierno de Giorgia Meloni en los próximos días. Desde Milán hasta Nápoles, médicos, estudiantes, profesores y profesionales de todos los sectores salieron a las calles en las más de 40 manifestaciones convocadas y en las que también estuvieron presentes los líderes de la oposición.
“Es una huelga contra unos Presupuestos que recortan la salud pública y las escuelas, que han incumplido sus promesas sobre las pensiones, que no invierten en el futuro, que no prevén la renovación de los contratos de cinco millones de trabajadores públicos que están esperando”, denunció Elly Schlein, líder del progresista Partido Democrático, en la multitudinaria manifestación en Roma.
La movilización fue convocada por dos de los principales sindicatos del país, CGIL y UIL, para exigir cambios en la Ley de Presupuestos, que consideran “insuficiente” para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los italianos, los bajos salarios y las pensiones, así como a los recortes en sanidad, educación y servicios públicos.
“Es un día de movilización como hacía tiempo que no veíamos, la mejor respuesta que puede haber y una muestra de que la mayoría de este país está pidiendo que se cambien leyes nefastas y que el trabajo y la dignidad de las personas vuelvan a estar en el centro”, dijo el secretario general de CGIL, Maurizio Landini, que aseguró que la huelga había sido seguida por más de un 70% de los trabajadores.
El líder sindical, que en las últimas semanas instó a la “revuelta social” provocando un enfrentamiento con el Gobierno de Meloni, aseguró que la movilización tenía la intención de “darle la vuelta a este país como un guante y para ello hace falta la partición de todos”. “La revuelta social significa precisamente decir que cada uno de nosotros no debe dar la espalda ante las injusticias”, añadió.
Landini denunció asimismo que existe un “intento explícito de cuestionar este derecho a la huelga” como demuestra, según el sindicalista, la actual discusión en el Parlamento del llamado 'decreto de seguridad', “que busca convertir un crimen la huelga, los cortes de carreteras, la ocupación de las fábricas cuando cierran”. “Está claro que estamos ante un serio intento de giro autoritario que pone en cuestión la libertad de las personas”, aseguró.
Las manifestaciones contra el Gobierno se desarrollaron en 43 ciudades, entre ellas, Roma, Milán, Bolonia o Turín y contaron con la participación de medio millón de personas, según los sindicatos. En esta última, la policía tuvo que intervenir después de que un grupo de estudiantes quemara fotos de Meloni y del ministro de Transportes, Matteo Salvini.
El también líder de la Liga lleva varias semanas enfrentándose directamente con los sindicatos, a los que obligó a reducir el paro en el transporte de las 8 horas previstas inicialmente a la mitad. Salvini firmó un acto extraordinario, previsto por la legislación italiana, para limitar la huelga, provocando la indignación de los sindicatos convocantes, que apelaron la decisión. La Justicia rechazó el jueves el recurso de CGIL y UIL y mantuvo la orden ministerial de reducir a cuatro horas el paro en el transporte de pasajeros, que incluye a los autobuses, el metro y tranvías locales, así como al transporte aéreo y marítimo.
Se trata de la segunda huelga general contra Meloni, que ya se enfrentó a una jornada de movilizaciones y paros generalizados en noviembre del pasado año, también contra sus presupuestos anuales.
Los últimos meses están siendo complicados para la líder de Hermanos de Italia, que ha visto salir a las calles a médicos, profesores, estudiantes o trabajadores del sector del transporte. La semana pasada, cientos de sanitarios pararon durante 24 horas para protestar contra la falta de medios que amenaza con perpetuarse debido a la “decepcionante” Ley de Presupuestos, “que confirma la reducción de la financiación de la sanidad respecto a lo anunciado”, según denunciaron los sindicatos en un comunicado.
En el documento enviado a Bruselas, actualmente en tramitación parlamentaria, el Gobierno tiene previsto algo menos de 900 millones para la sanidad pública, lo que se traduce en un aumento del salario de los médicos de 17 euros netos y de 7 euros para los enfermeros. Además, denuncian, Meloni no ha puesto en marcha en dos años ninguna medida para reducir las listas de espera o favorecer la contratación de personal, lo que ha llevado a algunas regiones como Calabria, en el sur del país, a firmar un acuerdo con Cuba para contratar especialistas de ese país.
