El expresidente brasileño Jair Bolsonaro admitió haber considerado un decreto para una intervención militar tras las elecciones de 2022, defendiendo la legalidad de sus acciones en medio de acusaciones de golpe de Estado.
En una reciente entrevista, Bolsonaro argumentó que las medidas discutidas estaban amparadas por la Constitución, a pesar de las críticas y las investigaciones en su contra. La revelación se produce en un contexto de creciente tensión política en Brasil, donde el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, asumió el cargo tras unas elecciones disputadas.
Bolsonaro, quien se encuentra bajo investigación por la Policía, insistió en que no se llevó a cabo ninguna de las propuestas discutidas, aunque admitió que se contempló la posibilidad de instaurar un estado de sitio y desplegar fuerzas militares. La situación ha generado un debate intenso sobre la legalidad y la ética de tales acciones en un sistema democrático.
Durante la entrevista con el portal UOL, Bolsonaro defendió su postura, afirmando que el "borrador del golpe" se basaba en la Constitución. "¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen?", cuestionó el exmandatario, enfatizando que no se implementaron las medidas propuestas.
El documento que se encontró en la residencia de un exministro de su gobierno sugería un despliegue militar para "restaurar el orden constitucional", argumentando que las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral eran inconstitucionales y afectaron el resultado electoral que favoreció a Lula.
A pesar de las acusaciones en su contra, Bolsonaro negó haber tramado un golpe de Estado y se distanció de los planes de algunos militares que supuestamente contemplaban acciones violentas contra Lula y el magistrado Alexandre de Moraes. "No estoy en deuda con la Justicia por mis actos", afirmó, aunque reconoció el riesgo de una posible detención por parte de la Corte Suprema.
El exgobernante también se mostró ambivalente respecto a la posibilidad de buscar asilo político, sugiriendo que las embajadas podrían ser refugios para quienes se sienten perseguidos. "Si debiera algo a la Justicia, estaría en Estados Unidos. No habría regresado", añadió, dejando entrever su preocupación por las repercusiones legales de sus acciones.
A pesar de las controversias y de haber sido inhabilitado políticamente por deslegitimar las instituciones democráticas, Bolsonaro reafirmó su intención de postularse en las elecciones de 2026. La situación política en Brasil sigue siendo volátil, con la Policía presentando cargos contra 36 personas, incluidos altos mandos militares y exministros, por delitos graves relacionados con la abolición del Estado Democrático de Derecho.
La revelación de Bolsonaro sobre sus planes de intervención militar ha reavivado el debate sobre la estabilidad democrática en Brasil y la responsabilidad de los líderes políticos en la defensa de las instituciones. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro cercano y las implicaciones para la política brasileña.
