Australia ha marcado un precedente al aprobar en el Senado una legislación que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con las restricciones más estrictas del mundo. En una sorprendente alianza, el gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese se unió a la oposición para impulsar esta normativa, ignorando las preocupaciones de legisladores de ambos lados sobre la rapidez con la que se ha llevado a cabo el proceso legislativo. Esta reforma no sólo busca frenar la explotación de datos personales de los jóvenes, sino que también pretende establecer un marco robusto que responsabilice a las plataformas tecnológicas en la protección de sus usuarios más vulnerables.
Estas disposiciones, que entrarán en vigor en un plazo de un año, estipulan que los jóvenes en este rango de edad no podrán crear cuentas en las plataformas de redes sociales más utilizadas, incluyendo Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de los jóvenes en el entorno digital.
El gobierno australiano pretende así proteger las mentes jóvenes de los contenidos nocivos que a menudo proliferan en línea, ya que dos tercios de los adolescentes de entre 14 y 17 años han declarado haber estado expuestos a material angustioso que promueve el abuso de drogas, las autolesiones e incluso el suicidio
Diversos sondeos de opinión indican que una amplia mayoría de los votantes australianos respalda, en términos generales, estas modificaciones legislativas. Sin embargo, la implementación efectiva de tales restricciones plantea desafíos significativos, incluyendo la verificación de la edad y la gestión de las cuentas existentes. La comunidad legal y los expertos en redes sociales se encuentran ahora en un debate sobre cómo equilibrar la protección de los menores con los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión.
Nikita White, portavoz de Amnistía Internacional, enfatizó que, "si bien las prácticas de las plataformas sociales están comprometiendo los derechos de los jóvenes, estos también poseen el derecho fundamental a la libre expresión y al acceso a la información. Las redes sociales brindan a niños y adolescentes beneficios significativos, incluyendo inclusión, conexión social y un sentido de pertenencia, elementos que pueden favorecer su salud mental". Este balance entre la protección y la libertad digital plantea un dilema crítico en el ámbito de la regulación y el desarrollo de políticas efectivas que resguarden a los menores sin sacrificar su capacidad de interactuar y expresarse en estos entornos.
Las empresas tecnológicas tendrán la responsabilidad de implementar la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, enfrentándose a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 30,8 millones de euros) si no cumplen con lo establecido. No obstante, la propuesta carece de directrices claras sobre cómo los sitios web verificarán la edad de sus usuarios, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad operativa.
Estos gigantes de internet han manifestado su oposición a este reglamento durante una breve investigación del Senado australiano, argumentando que ha sido apresurado y parece impracticable. En un comunicado dirigido a la comisión, Meta destacó que el veto ignora la realidad de las tecnologías de verificación de edad disponibles.
Sin embargo, la crítica más contundente provino de X, cuyo propietario, Elon Musk, afirmó en una publicación en su plataforma que las disposiciones parecen ser "una forma de puerta trasera para controlar el acceso a Internet de todos los australianos" y advirtió en su declaración ante la investigación del Senado acerca de posibles acciones legales contra los proyectos de ley, sugiriendo que podrían ser considerados ilegales.