Mientras algunos ministros defienden que las gestiones que hizo la Directora de Programas de Presidencia para la cátedra de Begoña Gómez cumple con la legislación, altos cargos de Moncloa no comparten esa misma opinión y consideran que la mujer del presidente se excedió al pedirle a María Cristina Álvarez que enviara correos en su nombre a patrocinadores y al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid.
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido este jueves citar a declarar a Álvarez. El Gobierno ha argumentado, en voz de la portavoz, Pilar Alegría, que el cargo de Moncloa que asesora a la pareja del jefe del Ejecutivo no es nuevo: “Existe desde la presidencia de Felipe González”, ha defendido. Aunque no ha querido afirmar si las gestiones concretas que hizo Álvarez se ajustan a la normativa.
Según el real decreto 662/2022, las competencias de la directora de Programas. El texto detalla que las funciones de las distintas direcciones y departamentos de Presidencia incluyen el apoyo logístico, técnico y de asesoramiento. Labores que también tiene la persona que asesora a la pareja del presidente del Gobierno. Esta figura, que acompaña a Gómez, ha existido “desde el primer presidente” del Ejecutivo, según Alegría.
Este asesor o asesora, perteneciente al equipo de Moncloa, se ha utilizado para diversas tareas y el Gobierno ha acudido a la rueda de prensa con un mensaje que no ha parado de reiterar en privado: entre sus competencias está el apoyo en “logística, organización y asesoramiento”, en este caso, a la mujer del presidente.
Pero ha evitado, en público, admitir si las gestiones que hizo María Cristina Álvares estaban dentro de dichas responsabilidades o si, en consideración del Gobierno, se extralimitó más allá de lo que marca la ley.
En privado, distintas fuentes gubernamentales consultadas por ECD utilizan criterios contradictorios. Mientras algunos ministros afirman que las gestiones que hizo la directora de Programas no son distintas a las que han cumplido con presidentes anteriores y que se ajustan totalmente a la legalidad vigente, altos cargos de Moncloa discrepan y entienden que las labores privadas no entran dentro de la función pública que desempeña dicha asesoría.
El Gobierno ha acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con una hoja que recoge todos los asesores y asesoras de Moncloa que, en anteriores Ejecutivos, han desarrollado el mismo papel que la Directora de Programas con Begoña Gómez. Una lista con, al menos, una decena de nombres que no han entregado en mano a los medios, pero que sí la han enseñado brevemente para negar que esta figura suponga anomalía alguna.
Pero preguntados, una y otra vez, por si las actuaciones concretas de Álvarez están dentro de las competencias, la respuesta era breve y repetitiva: “Gestiones logísticas, de organización y asesoramiento. Con eso lo decimos todo”.
María Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia en La Moncloa, intercambió correos electrónicos con patrocinadores y con el entonces vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, responsable del funcionamiento de la cátedra. En nombre de la mujer de Pedro Sánchez, Álvarez comunicó a distintas empresas la intención de Gómez de continuar con el patrocinio para poder mantener financieramente la cátedra que dirigía en la Complutense de Madrid.
