Este jueves, la Defensoría de la Niñez presentó su informe anual 2024, documento que presenta el diagnóstico de la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile, además de abordar los desafíos que debe enfrentar el Estado para el resguardo de las infancias.
Dentro de los principales hallazgos, en materia de derechos de vida y supervivencia, el documento consigna que hay una disminución del embarazo adolescente y de la edad promedio de la primera relación sexual, así como un aumento en el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, existe una alta tasa de de niñas y adolescentes que han optado por la interrupción del embarazo, principalmente por la causal de violación.
Asimismo, el informe evidencia un incremento en la inseguridad alimentaria y de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven en campamentos. En materia de pobreza multidimensional, si bien disminuye en 2022, se registra un aumento en el caso de infancias migrantes como también del norte del país.
Foto: Agencia Aton
En relación al derecho al desarrollo, el texto de la Defensoría de la Niñez establece que la convivencia educativa “empeoró significativamente”, especialmente, en relación a las agresiones de los estudiantes. Así, las denuncias de este tipo se han acrecentado de forma progresiva desde 2018 hasta alcanzar su nivel más alto en 2022, con una leve disminución en 2023.
Además, respecto a derechos de protección, el informe constata que “entre 2018 y 2024, los casos policiales de homicidios de niños, niñas y adolescentes mostraron su mayor incremento en 2023, con un total de 58. En relación con los fallecimientos por armas de fuego, el Ministerio de Salud reporta 42 muertes de niños, niñas y adolescentes en 2023″.
En 2022 también se registró la mayor tasa de víctimas de abusos sexuales y delitos sexuales, pese a que “en 2023 esta tasa disminuyó de 137 a 117, esta sigue siendo mayor que la tasa registrada en 2018 antes de la pandemia”.
Al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, afirmó que “este informe anual 2024 responde al llamado de los niños, niñas y adolescentes y nos invita a reflexionar sobre la seguridad para las infancias desde la prevención de la violencia. Ello es posible en la medida que se promueva un diálogo transversal sobre los grandes temas que son claves para fortalecer la cohesión social, así como el respeto de los derechos humanos”.
Uno de los retos más relevantes identificados en el documento es la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, junto con otros desafíos relacionados con la transversalización del enfoque de derechos en la gestión pública y en los organismos del Estado.
De esta forma, el documento consigna que desde 2018 el 23% de los programas sociales evaluados por la Dirección de Presupuestos están destinados a la niñez y adolescencia, porcentaje que similar al de los programas sociales que tienen como público prioritario infancias (26%).
En ese sentido, el defensor Anuar Quesille sostuvo que “los problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia en Chile son múltiples y, por lo tanto, entre los principales desafíos institucionales que hemos identificado y que orientarán nuestro trabajo para este periodo implica, principalmente, la idea de fortalecer la incidencia y promover cambios en las políticas públicas para la niñez y la adolescencia con especiales énfasis en la decisión que el Estado tomó hace unos años atrás que no es otra que la implementación y el correcto funcionamiento del Sistema de Garantías y Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes”.
Cabe señalar que además de los hallazgos y desafíos, el informe anual consta de notas temáticas que examinan en profundidad el estado actual de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tales como, las opiniones de las adolescencias LGBTIQA+ sobre salud mental, el rol del Estado ante los problemas de convivencia escolar, el derecho a una vivienda adecuada para la niñez y adolescencia, la importancia de contar con una justicia amigable para la niños, niñas y adolescentes, la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la respuesta del Estado ante las emergencias y desastres provocados por fenómenos socionaturales que afectan a las infancias.
