Caracas. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves una ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país y establece inhabilitaciones de 60 años para los dirigentes que las apoyen.
“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa del Congreso de Estados Unidos para reforzar sanciones.
El texto estipula multas que superan el millón de dólares.
La ley castiga también con las mismas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país.
Estados Unidos impone sanciones a funcionarios de Maduro por represión electoral
La legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto aún necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el Congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (Bolivar, por sus siglas en inglés), prohíbe la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo”.
Estados Unidos impuso sanciones financieras a Venezuela con el fin de sacar del poder a Maduro, quien fue proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031) en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
