Dos restaurantes y dos tiendas se niegan a abandonar sus locales en los inmuebles, que pertenecen desde agosto al Ayuntamiento de Madrid al finalizar una privatización que duró más de 50 años. El consistorio estudia abrir acciones legales
Almeida asume los 10.000 m2 de la concesión franquista de plaza Luna sin decidir su futuro y con inquilinos en el limbo
Dos enormes edificios con 10.000 metros cuadrados de oficinas junto a la céntrica plaza de Callao están actualmente cerrados, sin uso y sin posibilidad de albergar una dotación pública, pese a que son propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Pasaron al patrimonio municipal el pasado 30 de julio, cuando se extinguió la concesión más longeva de un parking en la capital, que databa desde el año 1972 y al que estaban asociados los edificios citados. Sin embargo, cuatro negocios privados han sobrevivido a este periodo y se niegan a marcharse de sus locales, pese a que ya no tienen ningún contrato legal que permita su presencia allí.
El parking de Luna-Tudescos y los dos edificios fueron explotados durante 52 años por Sociedad Anónima de Aparcamientos Madrid (SAMA), perteneciente a la familia Lleó Casanova. Con ella firmaron sus contratos los cuatro comercios en rebeldía, dos tiendas asiáticas (un bazar y un local especializado en caligrafía) y dos restaurantes, situados a ambos lados de una comisaría de la Policía Municipal de Madrid. El pasado 31 de julio, estos negocios siguieron operando como si la concesión hubiera seguido adelante. Y prepararon a sus abogados.
Cuatro meses después de esa fecha avanzan las obras de Ortiz, la nueva concesionaria del parking, avanzan y los negocios siguen abiertos, aunque no han firmado ningún arrendamiento firmado con el consistorio, algo que ha sido confirmado por el consistorio: “No existe en la actualidad título jurídico habilitante de la ocupación y explotación de los mismos por persona o personas distintas al Ayuntamiento de Madrid”, reconoce el Gobierno de Almeida en una respuesta a una petición de información del partido Más Madrid, a la que ha tenido acceso este periódico.
Los locales que se resisten a marcharse son dos bares-restaurantes: El lugar de Martina y El Buda Feliz 1974, que presume de ser el restaurante chino más antiguo de la ciudad. También se encuentran en la misma situación un bazar regentado por asiáticos y una tienda de papeles especiales. Otros negocios como los situados en la zona de oficinas o el gimnasio abierto desde hacía años abandonaron el lugar al conocer que se acercaba el fin de la concesión.
¿A quién están pagando el alquiler estos empresarios? ¿Por qué decidieron continuar pese al fin de la concesión? “Nosotros no queremos irnos, pero preferimos no hablar”, se excusan desde El Buda ante las cuestiones de este periódico, e invitan a que preguntemos en El lugar de Martina. Allí tampoco se pronuncian: “Este tema tengo que consultarlo con el abogado”, explica el responsable del negocio. “Ya te llamaré si decidimos hablar”, dicen mientras atienden a dos clientes, este jueves por la mañana.
Fuentes del área de Urbanismo y Movilidad consultadas por este periódico confirman que la concesión finalizó sin que los edificios estuvieran “libres de cargas”, como exigía el contrato de explotación firmado. También aseguran que, aunque la concesión acabó a finales de julio, se encuentran todavía estudiando las posibles acciones judiciales para que los dos inmuebles reviertan al consistorio sin ningún tipo de carga. No han indicado acciones contra los empresarios okupas de los locales, sin embargo, ni una hipotética resolución de su licencia, una vez que ha expirado la validez de sus contratos.
La empresa contra la que iría la demanda es SAMA, que este año aprobó un cambio de su sede social desde la propia plaza Luna hasta un edificio en el barrio de Argüelles. Como único responsable se ha quedado al frente Antonio Lleó Casanova, según sus últimos movimientos empresariales consultados por este medio a través de InsightView. Con el fin de la explotación se acaba un negocio que ha sido muy rentable para esta empresa, que durante los años 2021 y 2022 repartió dividendos por valor de 600.000 euros en cada ejercicio, como reflejan su último informe de cuentas presentado.
El Ayuntamiento de Madrid no aclara si los locales que permanecen abiertos en los edificios ya municipales han pagado alguna cantidad al consistorio por ocupar este espacio público. Lo que sí que se conocía es la irrisoria cantidad que abonaba SAMA durante los últimos años por explotar los 10.000 metros cuadrados de los dos edificios: 383 euros al mes, como desveló Somos Malasaña en 2022.
En los bajos de uno de los edificios se encuentra además la comisaría de Centro Norte de la Policía Municipal, por la que el Ayuntamiento de Madrid no pagaba ningún importe a la anterior concesionaria. Es habitual ver a sus agentes tomar café en el restaurante de al lado, actualmente en situación irregular según el propio consistorio y bloqueando un futuro uso público a estas instalaciones.
Mientras el Gobierno de Almeida sigue sin desvelar sus intenciones con respecto al futuro, los partidos políticos con representación en el distrito Centro aprobaron por unanimidad el pasado mes de junio una proposición presentada por Más Madrid en la que se instaba “a los órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid a garantizar que los edificios de propiedad municipal de la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta tendrán un uso cien por cien dotacional para los vecinos de Distrito Centro”. La propuesta fue aprobada por el propio concejal de distrito, Carlos Segura, que siempre se ha mostrado dispuesto a intentar que estas instalaciones beneficien a los habitantes del corazón de Madrid, muy carente de algunas dotaciones públicas.
El grupo político que hizo la propuesta, Más Madrid, reclama a Almeida que dé “explicaciones de la situación, cuando menos extraña, de los edificios y los locales comerciales de propiedad municipal”, apunta la concejala Esther Gómez en declaraciones a este periódico. “El gobierno municipal segregó la concesión del aparcamiento el mes pasado y los edificios deberían haber revertido al Ayuntamiento ese mismo día, pero los locales y restaurantes siguen abiertos y funcionando”, añade.
“Como mínimo, lo que genera esta situación es una gran inseguridad jurídica”, explica la concejala de Más Madrid sobre la falta de documentación para que estos negocios lleven a cabo su actividad. “Es una total incompetencia por parte de este Ayuntamiento que, conociendo desde hace años la situación así como las distintas necesidades del barrio, no haya dado explicación alguna, ni haya gestionado nada para recuperar de una vez estos edificios. Inmuebles que, encima, han supuesto un enorme perjuicio a las arcas municipales”, añade.
Esther Gómez reclama al Ayuntamiento un plan “para que estos edificios alberguen equipamientos para el barrio, que son muy necesarios y una demanda vecinal, como un Centro de Salud, oficinas de atención a la ciudadanía y un vivero de empresas de la economía socio y solidaria”. A la vez, recuerda el respaldo de los partidos a este destino, que todavía no se ha concretado ni está incluido en los presupuestos para el año que viene. “Han pasado cuatro meses y la Junta Municipal no ha movido ficha ni ha hecho absolutamente nada”, lamenta.
