Entre “las diez grandes metas de cara al 2028” planteadas por la reunión del Gobierno la noche del martes en Consejo de Ministros, se encuentra la de reducir las muertes por accidentes de tránsito.
Ocho días antes, en el lanzamiento de la iniciativa gubernamental Pacto Nacional por la Seguridad Vial, el presidente Luis Abinader había hecho algunas referencias importantes acerca del peso de los accidentes de tránsito en la vida nacional.
De acuerdo con el mandatario, en el lapso 2016—24 murieron 26,257 personas por esta causa. Esto en el tiempo referido representa 3,300, en números redondos, cada año.
Y viene a ser que los decesos por este motivo tienen un peso enorme para la nación.
Quien se ha visto involucrado, o ha estado cerca de uno de estos hechos tan frecuentes, lleva durante algún tiempo —sin saberlo— la amenaza de lo que puede pasar consigo o con uno de sus familiares cercanos por el sólo hecho de salir a una calle, autopista o carretera.
Las muertes no son las únicas consecuencias indeseables de los accidentes de tránsito. Las lesiones, de las que el Presidente dijo que fueron 121,850, registradas sólo en 2023, extienden sus efectos en direcciones múltiples.
Una de ellas, en las personas de los accidentados, que en el mejor de los casos estarán meses padeciendo una fractura o todo el resto de su vida la carencia de un miembro o un órgano.
Otra, en involucrados no lesionados físicamente, que pueden arrastrar daños morales importantes y, una tercera, el costo económico.
Lo que le cuesta a una familia, no sabemos. Lo que le cuesta al Estado, tenemos una idea, porque según el presidente Abinader los accidentes registrados en 2023 costaron la friolera de 130,000 millones.
Si de los diez objetivos propuestos hasta 2028 por los menos este es alcanzado, podemos felicitarnos.
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