El cupo separatista acordado entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa que pretende entregar todas las competencias en materia tributaria a la Generalitat ha recibido el primer revés de un órgano constitucional: en concreto, del Senado, donde 12 expertos (juristas, economistas e inspectores fiscales) han desfilado para dar su opinión y han concluido que es «inconstitucional». En un documento de 18 páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que se votará en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el próximo lunes, se recogen hasta ocho críticas al cupo, además de hacer un diagnóstico de las «debilidades» del actual sistema de financiación vigente desde 2009 y se hacen propuestas para renovarlo.
Según recoge el documento, que no es vinculante pero sí permite generar debate político de cara a la reforma de la financiación, la primera crítica se centra en la inconstitucionalidad del cupo porque se considera que «la propuesta de singularidad fiscal» contraviene «el principio de igualdad fiscal, que está claramente recogido» en la Carta Magna, y porque intenta «combinar simultáneamente objetivos incompatibles», como la plena soberanía fiscal y el mantenimiento de la solidaridad territorial. El segundo punto señala que la mayoría de los expertos coincidieron en que «las modificaciones al sistema de financiación que afectan al conjunto del Estado deben realizarse en un marco multilateral, para garantizar la equidad y la transparencia», mientras que el cupo es un acuerdo bilateral, entre Estado y Generalitat. El tercer punto que recoge el documento apunta al debilitamiento del principio constitucional de solidaridad ya que implicaría «una reducción de los recursos disponibles para el resto» de territorios. «Esto podría agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras, y el acuerdo no las establece», añade el informe.
El documento también apunta a la insuficiencia que generaría el cupo separatista ya que dejaría en duda la posibilidad de «garantizar recursos suficientes» para todos los territorios. «La transferencia de competencias fiscales podría debilitar la suficiencia del sistema central, dificultando la financiación de competencias exclusivas del Estado como defensa o justicia, y restando capacidad para responder a crisis económicas o sociales», avisa el Senado, que también advierte de la fragmentación de la Agencia Tributaria que supone la descentralización de competencias y que «aumentaría el fraude fiscal, incrementaría los costos para los ciudadanos y debilitaría la eficacia en la recaudación». Asimismo, el séptimo punto que recoge el documento apunta a la competencia fiscal «nociva» que puede crear el cupo porque permitiría a Cataluña establecer «políticas fiscales atractivas para empresas y contribuyentes de alto nivel económico» (es decir, «dumping fiscal»). Finalmente, el noveno punto aborda el principio de ordinalidad, que permitiría topar a la Generalitat su grado de solidaridad con el resto de autonomías para evitar que en el reparto final no se quede con menos recursos que la media: no obstante, aquí parece que hay más división entre los expertos y las posturas están más matizadas.
El punto 8 se centra en el diagnóstico de las debilidades del actual sistema de financiación y se apunta a la falta de suficiencia financiera; a la falta de equidad en la financiación per cápita; a la falta de transparencia; y, a la falta de responsabilidad fiscal entre las autonomías. Finalmente, el punto 10 recoge propuestas para corregir esos ámbitos en los que flaquea el sistema de financiación: todos los expertos abogan por tomar como punto de partida el informe de la Comisión de 2017.
Entre los doce expertos que han comparecido en el Senado están Ángel de la Fuente, todo una autoridad en materia de financiación; o la presidenta de la Asociación de los Inspectores de Hacienda, Ana de la Errán.
