La pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.
La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.
"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.
En estos casos se estipulan multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación política.
La legislación castiga con idénticas penas a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza" contra el país caribeño.
Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a acudir a las audiencias.
"Es una ley" para "poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector" que "se convierten en lacayos", dijo Maduro.
Venezuela y altos funcionarios gubernamentales han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como "presidente electo" a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto en su contra.
La "Ley Libertador Simón Bolívar" votada en el unicameral Parlamento de Venezuela responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, que tilda de "ilegítimo", o con cualquier otro "no reconocido como legítimo" por Washington.
El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana causó una airada reacción del gobierno de Maduro.
"De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo", contragolpeó la Cancillería en un comunicado, que calificó el proyecto de "ataque criminal".
Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
"Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha", expresó Maduro.
Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están rotas desde 2019.
La nueva ley fija sanciones para medios de comunicación que divulguen "propaganda" en favor de sanciones o "mensajes" que las promuevan.
Las consecuencias pueden llegar a la "revocatoria de la concesión" para operar en los casos de televisoras y emisoras de radio, así como multas de alrededor de 100.000 a un millón de dólares. Mensajes en prensa, así como en redes sociales, son castigados con las mismas multas.
El gremio de la prensa denuncia grandes restricciones en Venezuela, donde se han registrado masivos cierres de medios en 25 años de gobiernos chavistas.
Si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, apunta la ley, podrán ser objeto de "expulsiones" del país, al igual que confiscación de bienes.
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