Una sala de apelaciones de Guatemala suspendió este jueves el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, por el exterminio de indígenas en la guerra civil (1960-1996), cuando ya se estaba a punto de dictar sentencia.
El tribunal de apelaciones aceptó por unanimidad el pedido de "recusación" presentado por la defensa contra la corte que instruía el caso por presunta parcialidad.
El juicio, que se inició el 4 de abril y que según este fallo deberá ser trasladado a otro tribunal, estaba en fase de conclusiones.
La querellante Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) planea apelar esa resolución y no descarta acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
"La resolución está sujeta a amparos y sin duda vamos a analizar con el equipo la mejor manera de impugnarla", dijo a la AFP una de las abogadas de familiares de la víctimas, Jovita Tzul.
Otro de los querellantes, Francisco Vivar, comentó a la AFP que "aún quedan recursos que presentar", pero si la resolución es ratificada el juicio tendría que comenzar de cero.
Tzul, una indígena maya kich'e, aseguró que la resolución de la sala genera "impunidad" y expresó que "la búsqueda de justicia para las víctimas" continuará.
"Es lamentable que nuevamente estemos ante un clima de regresión y de impunidad dentro del sistema de justicia" guatemalteco, consideró.
Se está dejando "en indefensión" a "víctimas, testigos, sobrevivientes que vinieron aquí (a las audiencias), que dieron sus declaraciones", agregó.
La fiscalía pidió el pasado 8 de noviembre una pena de 2.860 años de prisión para Lucas García por su rol en la matanza de más de 1.200 indígenas acusados de apoyar a guerrilleros entre 1978 y 1982, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en 2006.
Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas.
El general Lucas García seguía las audiencias por videoconferencia desde un hospital militar en la capital.
Actualmente cumple allí una condena de 58 años de cárcel impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de "subversiva", hechos ocurridos en 1981.
El 6 de noviembre fue beneficiado junto a otros siete militares por una sala de apelaciones que suspendió el juicio en otra causa por el descubrimiento de más de 500 osamentas.
En un juicio histórico, en 2013, un tribunal condenó a 80 años de prisión al exdictador Ríos Montt por el genocidio de indígenas ixiles durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
No obstante, la sentencia contra Montt, muerto en 2018 a los 91 años, fue anulada por la corte constitucional.
La guerra civil dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de colaborar con la guerrilla.
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