El Parlamento de Venezuela, controlado por el gobernante chavismo, aprobó este jueves una ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país y establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen.
"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para reforzar sanciones.
El texto estipula multas que sobrepasan el millón de dólares.
La ley castiga también con idénticas penas a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza" contra el país caribeño.
La legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado "ilegítimo" por Washington, o con cualquier otro "no reconocido como legítimo".
Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031) entre denuncias de fraude de la oposición.
