El Poder Judicial (PJ), a través del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el pedido presentado por Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva del expresidente Pedro Castillo, quien solicitaba autorización para viajar a la localidad de Tacabamba, en la provincia de Chota. El viaje, que finalmente no se llevó a cabo, estaba programado para realizarse entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.
Según la cuenta oficial de X del Poder Judicial, el propósito del viaje era participar en una reunión promovida por la ONG Manos Amigas Tacuabambinas, en la cual Paredes asistiría. Además, ella buscaba acompañar a su padre, Walter Paredes, a una cita médica.
No es la primera vez que se le niega un viaje a Yenifer Paredes. A inicios de 2023, el mismo Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó su solicitud para trasladarse al distrito de Anguía, en Cajamarca, en el contexto de la investigación que enfrenta por presuntamente integrar una organización criminal.
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Yenifer Paredes es investigada por su relación con el expresidente Pedro Castillo y por presuntas irregularidades en la gestión pública. Las pesquisas se centran en acusaciones de lavado de dinero y en su presunta participación en una organización criminal. Según las tesis fiscales, Paredes habría facilitado que una empresa 'fantasma', vinculada a la administración de su padre adoptivo, obtuviera contratos para obras públicas.
En el marco de estas investigaciones, Fiscalía presentó en su momento un video como prueba clave. En las imágenes, se observa a Yenifer Paredes conversando con habitantes de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, a unos 800 kilómetros al norte de Lima. Aunque no ocupaba ningún cargo oficial en el gobierno, Paredes les informa sobre un censo necesario para implementar un proyecto de saneamiento.
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El video también muestra a Paredes junto a un empresario que, en septiembre de 2021, obtuvo un contrato estatal por más de 3,8 millones de soles (equivalentes a aproximadamente 978,000 dólares). Este vínculo generó polémica y llevó a que Paredes fuera citada ante el Congreso. En su declaración, admitió haber trabajado para el empresario bajo un acuerdo verbal, pero negó haber intervenido en la adjudicación de sus contratos públicos, pese a que el empresario visitaba frecuentemente el Palacio de Gobierno.
