Mónica Araya, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), se negó este jueves a contestar preguntas de los diputados sobre la póliza de responsabilidad civil que el Ministerio de Hacienda pretende contratar al INS para proteger al presidente Rodrigo Chaves y sus ministros frente a posibles demandas por actuaciones negligentes en el ejercicio de sus funciones.
La exjerarca alegó que el caso está bajo investigación y que será citada para rendir declaración, como testigo, ante la Fiscalía General de la República. “Será en ese proceso de investigación judicial donde verteré, ampliaré y aclararé las circunstancias de los hechos y acontecimientos conocidos por la suscrita”, dijo.
No obstante, ante consultas del diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que no ha sido notificada de forma oficial por el Ministerio Público sobre el proceso de investigación o su participación.
“Lo único que podría decir es que, por medio de un funcionario del sector judicial, se me ha informado que se me va a estar llamando, no se me ha llamado oficialmente todavía, y que efectivamente hay una causa con relación a la investigación de la póliza”, argumentó la exfuncionaria.
Araya rechazó que, durante sus dos años de gestión, haya promovido, recomendado, gestionado, aprobado o autorizado la póliza que el INS ofertó al Ministerio de Hacienda el 7 de octubre (mediante el oficio DCCE-10317-2024).
Recordó que ella estuvo al frente de la presidencia ejecutiva de la empresa estatal del 8 mayo del 2022 al 8 de mayo del 2024.
Según el estudio de mercado del proceso de contratación por excepción, el INS comunicó a Hacienda que disponía del seguro por responsabilidad civil requerido por el Ministerio 21 días después de la salida de Mónica Araya, el 29 de mayo.
Araya también mencionó que el INS tiene registrado ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese), desde el año 2010, un producto denominado “Seguro de Responsabilidad Civil directores y Oficiales Dólares”, y que ninguna de las modificaciones “a la nota técnica de esta póliza en la historia de la misma, ha sido gestionada, aprobada, revisada o firmada por mí”.
La prima anual del seguro que quiere el Gobierno le costará ¢248.391.706 al Estado y cubre la responsabilidad civil del presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros hasta por $500.000.
El Ministerio de Hacienda inició la contratación a mediados de julio, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes.
La póliza cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo. Además, extendería la protección a funcionarios retirados por pensión o cambio de puesto, siempre que el reclamo esté relacionado con funciones ejercidas durante su cargo y que la póliza esté vigente. La cobertura también incluye automáticamente a nuevos funcionarios en los cargos designados.
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