El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires imputó a seis empresas de medicina prepaga por la inclusión de "cláusulas abusivas" en los contratos de adhesión.
Se trata de puntos que obligan a los afiliados a aceptar condiciones sin posibilidad de discusión, lo que constituye una presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Además, según se indicó desde el Gobierno de Axel Kicillof, descubrieron que algunas de las empresas no publican los contratos en sus portales web, lo que también infringe la normativa vigente.
El Gobierno bonaerense denunció a Medicus, Galeno, Swiss Medical, Cemic, Medifé y Omint. Podrían afrontar multas de hasta $ 1300 millones.
En un análisis alrededor de los costos, los incrementos de las cuotas, la relación por edades, la mora y la resolución de los contratos, las autoridades detectaron cláusulas que permiten aumentos no autorizados, sin aviso para adultos mayores. Esto independientemente de la antigüedad en las prepagas.
En esa línea, se advirtió sobre cambios en los grupos familiares sin claridad sobre cómo estos afectan el valor de las cuotas. Las subas por edad tampoco especifican los porcentajes aplicables a cada franja etaria, lo que infringe la legislación vigente.
El Gobierno de Kicillof también identificó que varias de estas empresas no publican en sus portales web todas las condiciones generales y particulares que vinculan contractualmente a los consumidores.
Todas las cláusulas mencionadas infringen los artículos 4° y 37 de la Ley N° 24.240 (Defensa al consumidor), así como las Resoluciones N° 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor, y N° 271/2020 y 994/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Este procedimiento de imputación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa sobre los contratos de adhesión.
Debido a la naturaleza de estos contratos, los consumidores los suscriben sin poder negociar sus términos o condiciones, lo que justifica la intervención de las autoridades para modificar, adecuar o suprimir las cláusulas abusivas.
Las empresas ya fueron notificadas y, de no corregir la situación, podrían enfrentar multas que llegan hasta los $ 1300 millones.
