El impacto de la DANA en la actividad económica de la zona afectada podría restar una décima a la tasa de crecimiento del cuarto trimestre, pero "apenas tendría impacto" en el crecimiento anual en términos nacionales. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que el Gobierno ha dado luz verde a un tercer paquete de medidas por valor de 2.274 millones de euros, que se centrará en tres áreas: ciudadanía, tejido productivo y parque móvil, con el objetivo "claro" de poner todos los recursos que sean necesarios sobre la mesa y hacerlo de la forma más ágil para "tener ese proceso de vuelta a la normalidad lo más rápido posible". El ministro se ha limitado a afirmar que el número de ayudas canalizadas a sus destinatarios va a "seguir incrementándose de forma significativa en los próximos días".
Sin embargo, pese a este nuevo anuncio, no ha detallado las ayudas directas que se han repartido entre los damnificados, por lo que se confirma que aún no se han activado. Únicamente se ha limitado a asegurar que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha desembolsado más de 92 millones de euros a afectados por los daños provocados por las inundaciones, que ya deja más de 214.000 solicitudes recibidas de indemnización, aunque esas ayudas no llegan con fondos del Estado, sino de las aseguradoras.
Las 214.000 reclamaciones presentadas a través de este canal muestra que este episodio ha afectado a más de 69.000 viviendas, 125.000 vehículos y 12.500 comercios. De los 92 millones de euros desembolsados han llegado a casi 1.700 viviendas o comunidades de propietarios, más de 300 comercios o almacenes y 3.500 vehículos -en este último segmento, la indemnización promedio se ha situado en unos 7.800 euros-. Según Cuerpo, estos pagos de los seguros serán "compatibles" con las ayudas de 5.000 euros en caso de vehículo nuevo, si es de combustión o híbrido no enchufable, o de 10.000 euros si fueran electrificados.
Por otro lado, ha detallado que las entidades financieras han registrado 11.500 peticiones de clientes de estas zonas para acogerse a la moratoria temporal a créditos al consumo e hipotecarios, lo que supone aplazar 580 millones de euros que "están en manos de ciudadanos y empresas de la provincia de Valencia", y los avales del ICO, que permiten anticipar ayudas a las que van a tener acceso hogares y empresas, ascienden a 2.000, que representan 220 millones adicionales "que también están ahora mismo en la economía valenciana". Sin embargo, todo este dinero tampoco tiene que ver con ayudas directas, ya que son créditos que hay que devolver.
