La semana pasada se publicó una nota de prensa en la que el presidente de Conindustria anunciaba que el gobierno venezolano trabaja en la privatización de un número aproximado de 500 a 600 empresas. Dicho proceso tendría una primera fase en la que se privatizarían unas 350 compañías.
Son varias las lecturas que deben hacerse al respecto. El hecho de que se fortalezca el sector privado es una buena noticia para Venezuela. Empíricamente, la evidencia muestra que los actores del sector privado tienden a ser más eficientes que el Estado en el manejo de las empresas. De hecho, esta es una de las premisas fundamentales de quienes creemos en una economía de mercado. El sector privado debe ser el principal motor de la economía.
Sin embargo, deben hacerse algunas consideraciones. El sector privado requiere un Estado de Derecho para poder desarrollarse a plenitud. En tal sentido, las privatizaciones tienen que darse en un marco institucional que brinde credibilidad y transparencia. De lo contrario, muy probablemente fortalecerán los males del mercantilismo y la opacidad.
En mayor o menor medida, América Latina padece los males del mercantilismo o del llamado crony capitalism, el capitalismo de amigos. En lo personal, uno de mis mayores temores en cuanto al nuevo proceso de privatizaciones es que derive en un sistema parecido al de la Rusia postsoviética, en el cual, como consecuencia de la caída del comunismo, los activos soviéticos terminaron pasando a manos privadas bajo condiciones poco claras, lo que derivó finalmente en una nueva oligarquía de billonarios rusos.
En un marco de opacidad, Venezuela bien pudiera correr el riesgo de tener sus propios nuevos oligarcas surgidos al final de las privatizaciones. Después de todo, se está hablando de cientos de empresas que el Estado nacionalizó en las últimas décadas. Aquí hay dos lecturas. Primero, el hecho incontrovertible de que el Estado, efectivamente, produjo cientos de expropiaciones con resultados nefastos para la economía (buena parte de nuestro atraso en la región se explica precisamente por nuestra débil protección de los derechos de propiedad). Segundo, el propósito de enmienda, al menos retórico, de querer revertir esas expropiaciones.
Siendo propositivos, quiero pensar que redunda en el interés del Estado venezolano querer hacer las cosas bien. Al menos ese es mi deseo, porque se traduciría en el bienestar de los venezolanos y de la nación. De forma tal que, a la par que el gobierno anuncia privatizaciones, debería estar también dispuesto a realizar transformaciones institucionales que secunden esa moción. Gran desafío, porque, por distintas razones, la credibilidad es una moneda harto gastada en la esfera gubernamental.
Al mismo tiempo, los empresarios venezolanos están llamados a reflexionar. No se puede desarrollar su rol para la sociedad sin sustancia, sin contenido. Me preocupa ver, a veces, la carencia de referentes e incluso un vacío moral en el quehacer empresarial. Estemos claros: nadie pide inmolación. Es absurdo, y creo que también atentaría contra el bienestar del país.
Pero cuando se empiezan a ver vientos de apertura, los alerones del avión deben orientarse hacia una defensa real de la economía de mercado y no de su tergiversación. Hace falta un compromiso con las ideas que motorice el ánimo de lo que puede ser ese país posible en el ámbito empresarial.
De lo contrario, se corre el riesgo de transformarnos en tontos útiles. Debemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo y no dejarnos obnubilar por el destello de la inmediatez. Parafraseando a Enrique Rojas, debemos reconocer que no hay verdadero progreso humano si este no se desarrolla con un fondo moral. El país lo necesita.
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