Hasta ayer Juan Lobato era el prolífico líder del PSOE en la Comunidad de Madrid y el portavoz parlamentario de los socialistas en la Asamblea madrileña, donde ponía la cara ante una presidenta autonómica popular muy valorada, con mayoría absoluta y, además, que hace gala de ejercer de baluarte frente al relato de Pedro Sánchez, el Gobierno y toda la izquierda.
Y desde este pasado lunes Lobato está citado a declarar como testigo el viernes ante el Tribunal Supremo (TS) a las 10:00 horas por su papel en la filtración de datos personales y reservados, precisamente, de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La liebre saltó para el político tras publicar «ABC» que acudió a una notaría para levantar acta de que la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, supuestamente le pasó el pasado 14 de marzo el contenido de la «confesión» del empresario con la intención de que la sacase a relucir en la Cámara regional como un ataque político, echando mano del terreno personal, dirigido contra la presidenta madrileña.
Lobato admitió públicamente que desde Moncloa se le envió un correo electrónico con datos del novio de la baronesa popular, pero se negó a mostrarlo públicamente. Hay que recordar que López, ahora ministro de Transformación Digital, era aún en aquellas fechas el jefe de gabinete del presidente del Gobierno. El dirigente advirtió el día que se conocieron los hechos que pediría investigar a la notaría por si fue quien lo filtró.
De momento, sigue aforado en el alto tribunal como senador y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su condición de parlamentario autonómico y portavoz del grupo socialista.
[[QUOTE:PULL|||La jefa de gabinete de Óscar López se juega la imputación con la entrega del acta notarial de los chats]]
Se descarta que se planteé dejar las actas hasta que se le practique la testifical por el instructor de la causa especial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de la Provincia de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, por relevación de secretos en este mismo caso, el del empresario González Amador.
El Supremo le citó por su relación con los hechos y ante la información clave para el «esclarecimiento» de qué ocurrió previamente a la publicación de la nota informativa que dio cuenta de las negociaciones que mantenía la Fiscalía con el abogado de González Amador de cara a la firma de un pacto de conformidad en el que él admitía dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.000 euros y, a cambio, evitaba una pena a prisión.
La clave, ahora, para Lobato está en el contenido de lo que consignó ante notario, que el magistrado de la Sala de lo Penal ya le requirió una copia a aportar el viernes cuando acuda a declarar.
Lo que marcará la diferencia será si en los whatsapps que le envió directamente Sánchez Acera son los correos de la defensa de González Amador con el fiscal Julián Salto, o si, en cambio, se limitó a reenviarle el enlace de la noticia publicada un día antes por «ElDiario.es» en que se informaba de la presunta defraudación tributaria por parte del novio de Ayuso.
En este primer escenario, Sánchez Acera, de seguro, se enfrentará a responsabilidades penales y Lobato puede acabar siendo investigado como encubridor.
