La declaración judicial de Víctor Aldama, realizada el jueves pasado en el Juzgado Central de Instrucción ha originado multitud de interpretaciones políticas, partidistas, y hasta novelescas. Sin embargo, cualquier declaración judicial debe ser interpretada solo desde la perspectiva jurídica. Otra cosa es que de esta interpretación jurídica se desprendan luego consecuencias políticas o de otro orden.
Y desde la perspectiva jurídica no puede negarse credibilidad a tal declaración solo por el hecho de proceder de un investigado, y menos en el contexto en el que se realizó. Y es que si bien su objetivo inmediato era ser puesto en libertad alegando la colaboración con la justicia, su objetivo a largo plazo es, evidentemente, poder conformar con la fiscalía y las acusaciones, a la finalización de la instrucción, para que se le imponga una pena más benigna.
Por ello, jurídicamente hablando, y teniendo en cuenta el propio interés último del investigado, carece de toda utilidad inventar falsas incriminaciones, pues a la larga le dificultaría cualquier tipo de conformidad.
Es más, teniendo en cuenta que la fiscalía informó a favor de su puesta en libertad, es altamente probable que, efectivamente, la defensa de Aldama hubiera facilitado a la misma algún principio de prueba.
Desde luego, es muy verosímil la referencia que hizo Aldama a la suspensión de un procedimiento de Hacienda contra una mercantil de su entorno, Pilot Real Estate. Y es que es un hecho de fácil comprobación, lo que hace que sea altamente improbable su falsedad.
Del mismo, y teniendo en cuenta la dependencia orgánica de la Fiscalía, parece altamente improbable, que incriminara directamente a miembros del gobierno sin fundamento objetivo. Tal tesis viene abalada, además, por dos acciones del propio Gobierno y del PSOE, posteriores a tal declaración.
La primera de ellas es que el PSOE ha procedido a personarse tanto en el conocido como «caso Koldo», como, al parecer, en el «caso Aldama», que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 5. Y es que los partidos políticos solo se suelen personar en actuaciones judiciales en los que hay investigados de su entorno, cuando tienen intención de entorpecer la investigación con objeto de que no salga a la luz la verdad de los hechos.
Y la otra acción que debe interpretarse desde la perspectiva jurídica es la advertencia que hizo el Gobierno, y los ministros y cargos afectados por la declaración de Aldama, de presentar con carácter inmediato acciones legales, en concreto una querella por injurias y calumnias. Ha pasado ya más de una semana y no han formalizado, que se sepa, ninguna acción jurídica, y la única causa para ello sea, quizá, que en tales procedimientos el querellado puede oponer la «exceptio veritatis», es decir, puede solicitar del Juzgado que acuerde determinadas pruebas para acreditar la realidad de los hechos. Así pues, esta acción se podría volver contra el gobierno, pues evidentemente Aldama podría solicitar que el Juzgado practicara pruebas que puede no tener en su poder, pero que existen, y Aldama sabe dónde, y que confirmaran los hechos que imputa a Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, Nadia Calviño y Teresa Ribera, entre otros.
Javier María Pérez-Roldán es abogado de Hazte Oír
