Un total de 33 médicos forenses renunciaron a realizar horas extra para el Poder Judicial a partir del próximo domingo.
Así lo anunciaron este miércoles en una conferencia de prensa en la Unión Médica Nacional (UMN), donde explicaron que las negociaciones con el Consejo Superior del Poder Judicial se interrumpieron debido a que no se atendieron sus demandas sobre el pago equitativo por disponibilidad, en comparación con el salario de un médico especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Autopsias, análisis de pruebas forenses tales como fluidos en casos de violaciones, y búsquedas de pruebas en cadáveres y en personas vivas podrían verse afectadas si no hubiera atención las 24 horas del día, como ocurre en la actualidad. Eso podría dar al traste con investigaciones, ante la posibilidad de perder evidencias.
En caso de no haber cobertura en tiempo extraordinario un viernes después de las 4:30 p. m., se vuelve a atender hasta el lunes a las 7:30 a. m. Se trataría, en promedio, de 18 cuerpos sin autopsia cada fin de semana, que se acumularían hasta la semana siguiente.
El médico forense José Eliseo Valverde Alier, quien ha trabajado durante 27 años en el Poder Judicial, señaló que la renuncia a la disponibilidad responde a una serie de irregularidades que han enfrentado desde 2010. Según explicó, se les comenzó a pagar una base salarial considerada injusta, lo que ha desmotivado a los funcionarios. En las fallidas conversaciones pedían ¢130.000 de aumento para equipararse con otros medicos especializados.
Valverde enfatizó que la renuncia masiva tendrá un impacto significativo en los trámites forenses, ya que se trata de 33 de los 46 médicos forenses del Poder Judicial, es decir, el 72%, han tomado esta decisión.
Además, recordó que actualmente existen 14 delegaciones regionales de medicina forense en el país. Indicó que un estudio realizado en 2016 ya evidenciaba la necesidad de contratar al menos cuatro médicos forenses adicionales. Sin embargo, en lugar de aumentar el personal, han experimentado renuncias, mientras que la criminalidad se incrementó en casi un 49% en los últimos dos años. La cantidad de médicos forenses, según Valverde, sigue siendo la misma que en el 2000, lo que ha generado un agotamiento generalizado en el personal.
Por esta razón, muchos profesionales optan por trasladarse al sector privado o al Instituto Nacional de Seguros (INS). Valverde expresó su indignación por el pago, pues alega que no se les remunera de manera justa por la disponibilidad médica. Actualmente, reciben la misma compensación por una única disponibilidad que por 15, lo cual considera inaceptable. Aclaró que al renunciar a las horas extra, también están renunciando al 35% adicional que se suma a su salario base por este concepto.
Carlos Alberto Peña, otro médico forense, mencionó que tras la renuncia, en los turnos extraordinarios solo quedan dos médicos en Patología Forense, la sección encargada de realizar autopsias y otros análisis, y solo dos en la sección clínica médico-forense.
Subrayó que esta renuncia masiva es consecuencia de la falta de acuerdos a lo largo de 10 meses con las autoridades, quienes consideran ilegal esta decisión. En los últimos cinco años, 27 médicos forenses abandonaron el Poder Judicial, incluyendo a 10 psiquiatras forenses. De estos, solo dos permanecen en sus puestos, y una de esas personas ya solicitó permiso sin goce de salario. Asimismo, el año pasado renunció el único odontólogo forense.
Por su parte, Carlos Abarca, director jurídico de la UMN, argumentó que esta renuncia está respaldada por el Código de Trabajo, señalando que el reglamento del Poder Judicial no puede contradecir dicha normativa. Explicó que las horas extra son voluntarias, no obligatorias, y recordó que en 1991 la Sala Constitucional resolvió, en relación con la CCSS, que los médicos tienen el derecho de renunciar al tiempo extraordinario.
“Se trata de funcionarios públicos que brindan servicios esenciales, pero no son esclavos”, afirmó Abarca, quien destacó que el tiempo extraordinario debe ser negociado entre el patrono y el trabajador, y no impuesto unilateralmente. Dijo que el artículo 136 del Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria es de ocho horas.
El Poder Judicial reconoce que la renuncia a las horas extras por parte de 33 médicos especialistas de la Unidad Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es una medida de protesta y presión debido a la imposibilidad de la institución de otorgarles un incremento salarial.
En un comunicado de prensa, se informó que se han realizado numerosos esfuerzos para retener a este personal clave, incluyendo mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de su desempeño. Sin embargo, dichos esfuerzos no fueron suficientes para satisfacer a los médicos.
Admiten que esta renuncia masiva tendrá una afectación inminente, a pesar de contar con un plan de contingencia. Generará importantes retrasos en las investigaciones judiciales, ya que la falta de disponibilidad inmediata extenderá los tiempos de respuesta necesarios para realizar diligencias médico-forenses, lo que afectará el avance de los procesos judiciales.
Para los usuarios, implicará mayores demoras en la resolución de crímenes violentos, abusos sexuales o accidentes. También la falta de acceso oportuno a peritajes médicos puede impactar directamente la recopilación de pruebas clave y prolongar la incertidumbre de las víctimas, sus familias y los implicados.
En el caso de las personas fallecidas que ingresan a la Morgue Judicial (Patología Forense), la imposibilidad de realizar autopsias los fines de semana o días feriados ocasionará retrasos de varios días en la entrega de los cuerpos. El plan de contingencia busca mitigar estos efectos y permitirá que los servicios médico-forenses continúen operando parcialmente para las personas vivas que los necesiten.
El Consejo Superior informó a los médicos que legalmente era imposible acceder al aumento salarial y les advirtió sobre la improcedencia legal de su renuncia al pago por disponibilidad.
Argumentaron que, de acuerdo con el perfil de sus puestos y el reglamento vigente, la disponibilidad constituye una obligación fundamental que no puede ser renunciada. Esto se sustenta en lo establecido por la Sala Constitucional en la sentencia número 2005-05120, así como en un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al tratarse de un servicio esencial.
Se le pidió reacción sobre estos hechos al director del OIJ, Randall Zúñiga, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
