La auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, deberá comparecer ante la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales para referirse a los efectos del decreto ejecutivo que excluyó a la firma china Huawei como proveedora de tecnología 5G.
Esa decreto fue emitido por el gobierno en agosto de 2023, pero su aplicación están en suspenso luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo acogiera una medida cautelar en su contra. Igualmente, quedó paralizado el proceso que inició el ICE para buscar empresas que desarrollaran su red 5G.
Los diputados aprobaron la moción para llamar a Machuca este miércoles, unos días después de que La Nación revelara que la funcionaria recomendó al Consejo Directivo del ICE lanzar la red 5G basada en la tecnología de Huawei que actualmente soporta las redes 3G y 4G de la entidad.
En su recomendación de agosto de este año, la auditora incluyó un documento titulado “Emisión del servicio advertencia: Riesgo de continuidad de negocio asociado a la no implementación de servicios y soluciones en tecnologías sobre redes 5G”. Este oficio incluía una advertencia de que ignorar la recomendación podría interpretarse como un rechazo tácito al servicio de advertencia que la Auditoría Interna está obligada a emitir según la Ley General de Control Interno (Ley N.º 8292).
La ley establece que los auditores internos deben alertar sobre aspectos legales, administrativos y técnicos relacionados con situaciones específicas, y que el incumplimiento de estas advertencias podría derivar en responsabilidad administrativa, tanto por acción como por omisión, en caso de que los riesgos advertidos se materialicen.
Sin embargo, la misma legislación, en el artículo 34, prohíbe a los auditores internos asumir funciones de administración activa, salvo que estas sean necesarias para el cumplimiento de sus competencias.
En su análisis, la auditora evaluó los riesgos e implicaciones del decreto ejecutivo que establece que los equipos para el desarrollo de la red 5G solo pueden ser contratados a empresas originarias de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest en 2001. Dado que China, país de origen de Huawei, no es signatario, sus equipos quedan excluidos.
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Para Machuca, la normativa impulsada por el gobierno afecta el avance del concurso público que el ICE había lanzado en noviembre de 2023 para adjudicar el despliegue de 5G.
