La investigación por el accidente de avioneta que dejó cinco víctimas mortales y una sobreviviente este lunes en los cerros de Escazú, podría demorar hasta un año debido a la complejidad del proceso, aseguró Luis Miranda, subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
El siniestro ocurrió a las 12:30 p. m., aproximadamente, cuando la aeronave completaba un viaje desde Tortuguero, en Limón, hacia el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. Cuando volaba entre los cerros Rabo de Mico, Pico Alto y Pico Blanco, se perdió comunicación. La aeronave, una Cessna 206, matrícula TI-GER, se estrelló contra una montaña a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
En el sitio fallecieron el piloto Mario Alberto Miranda Ramírez, de 40 años; la copilota Ruth Pamela Mora Chavarría, de 26; y los pasajeros Jean Franco Segura Prendas, de 28; Gabriela López Calleja Montealegre, de 64; y Enrique Arturo Castillo Incera, de 56. La única sobreviviente es Paola de los Ángeles Amador Segura, de 31 años, quien permanece internada en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Al momento del accidente, había escasa visibilidad y solo estaban autorizados los vuelos por instrumentos hacia el Santamaría.
Miranda dijo que el plazo para completar la pesquisa dependerá de la cantidad de información que deba ser analizada y del proceso en sí, “para lograr determinar, efectivamente, cuáles son las causas que dieron pie a este accidente”.
El subdirector detalló que el proceso de investigación se divide en cuatro fases. En la primera se levanta toda la información posible. Esto incluyó que personal de Aviación Civil viajase el martes al sitio del siniestro para hacer un levantamiento gráfico del lugar y de los componentes de la aeronave que se requieran para análisis.
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Además, por medio de la unidad de investigación de accidentes, se recopilan datos meteorológicos, registros de tránsito aéreo y cualquier elemento relacionado con el vuelo que sea relevante.
La segunda fase, probablemente la más prolongada, consiste en el análisis detallado de toda la información y los componentes recuperados. “Es el momento de articular de una forma ordenada, congruente, toda la información que se ha reunido para lograr establecer cuál fue la situación y en qué circunstancias se dio”, señaló Miranda. En ella se incluyen entrevistas y la revisión de reportes generados tras el siniestro.
Mientras que en la tercera y cuarta fase se generan las conclusiones y se redacta el informe final, que incluirá recomendaciones de seguridad.
“Es en la fase cuatro es donde podría brindarse información al público en general y a la prensa. Mientras el proceso de recolección de la información, el análisis y el desarrollo continúen, es poco lo que podríamos compartir, precisamente para que no haya ninguna intención de nutrir sin estar bien documentados o bien informados sobre qué pudo haber pasado”, destacó Miranda.
El subdirector resaltó que tanto Aero Caribe Air Charter, como la aeronave siniestrada, fabricada hace 47 años, tenían toda la documentación al día y los certificados de aeronavegabilidad vigentes. Además, explicó que, dentro de esos procesos de certificación, las aeronaves deben tener al día los plantes de mantenimiento y haber superado las inspecciones periódicas que realiza Aviación Civil. “Esto va orientado a garantizar la aeronavegabilidad de la aeronave”, dijo.
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Subrayó que estas revisiones son realizadas por inspectores capacitados de la DGAC y cumplen con la normativa establecida por la Ley General de Aviación Civil y los reglamentos aeronáuticos costarricenses.
“En realidad, mientras el mantenimiento sea adecuado y se sigan todas las condiciones que se estipulan para la aprobación de los vuelos, no habría ninguna situación que temer por la operación, porque se mantendrían exactamente con el mantenimiento que se requiere”, concluyó.
