El ministro del Interior ha decidido aplicar sin más miramientos a partir del lunes 2 de diciembre el nuevo registro documental de viajeros que exige recopilar hasta 28 nuevos datos de los turistas que pasen por España. El 'gran hermano' de Grande-Marlaska, como ha sido apodado, supone una carga burocrática para el sector de la hostelería, una molestia para los viajeros (además de una intrusión en su intimidad) y puede plantear un daño reputacional grave para una de las principales industrias del país si proliferan las campañas en contra como la que ha realizado la prensa británica. Lo peor, según el sector, es que Interior, que lleva aplazando la medida desde 2022, se ha negado a escuchar sus planteamientos así que están decididos a recurrir a los tribunales. Lo cierto es que si Interior necesita más datos sobre los visitantes del país puede recurrir a otros mecanismos como la autorización previa que exige Estados Unidos a sus visitantes y no convertir a la hostelería en un agente auxiliar de la Policía.
