El Ministerio del Interior no contempla nuevas moratorias de la entrada efectiva del nuevo registro documental de viajeros, por lo que a partir del próximo lunes 2 de diciembre, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos deberán facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta un total de 28 nuevos datos de clientes que hasta ahora no eran obligatorios de proporcionar. «No hay motivos para nuevos retrasos», han aseverado este miércoles sobre la entrada del Real Decreto fuentes del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska. El sector hotelero amenazó ayer con llevar el procedimiento a los tribunales . La normativa lleva en vigor desde principios de 2022, pero desde entonces su obligado cumplimiento se ha ido posponiendo por las quejas de las empresas del turismo -la última prórroga se ejecutó en octubre- , quienes aseguran que el nuevo registro supone un perjuicio para sus negocios. En respuesta a esto, desde Interior han asegurado que en los próximos días saldrá a consulta pública una orden ministerial que regulará el proceso para poder lograr que los alojamientos tengan más facilidad para registrar los datos. El procedimiento estará abierto durante dos semanas, durante las cuales los distintos actores del sector podrán aportar ideas para mejorar el real decreto. El departamento de Grande-Marlaska defiende, en todo caso, que el nuevo procedimiento está avalado por el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Protección de Datos. A partir del próximo lunes, hoteles, agencias de viajes, gestores de apartamentos turísticos o empresas de alquiler de coches deberán estar registradas en la plataforma SES.Hospedajes y aportar hasta un total de 42 datos de clientes, entre los que se encuentran datos bancarios. Fuentes de Interior aseguran que son datos que las empresas ya recogen en la normalidad de su operativa y que en ningún caso se les exigirá información que no hayan sido capaces de recopilar. Interior defiende que la nueva normativa no tiene un objetivo recaudatorio o sancionador aunque la omisión del cumplimiento acarrearía multas de entre 601 y 30.000 euros si la infracción es grave (sería el peor de los casos porque no se contemplan infracciones muy graves) y entre 60 y 600 si es leve, tal y como se refleja en la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde el departamento de Marlaska precisan que era necesario ejecutar el nuevo documento registral porque la normativa actual está obsoleta. Señalan que la creación del registro de pernoctaciones existe desde agosto de 1959 y en el caso del control de alquiler de vehículos, la orden ministerial data de 1974, ambas de carácter preconstitucional. La plataforma será obligatoria de usar a partir del lunes, pero ya estaba siendo usada por miles de empresas, aseguran desde Interior. Según los datos facilitados por el Ministerio se han llegado a registrar 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. En base a esos datos, se ha logrado localizar a 18.584 personas sobre las que existía una orden de búsqueda y detención tanto a nivel nacional como internacional. «Este registro es un instrumento policíal de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los datos que se recaban son indispensables para los cuerpos y fuerzas de seguridad», concluyen fuentes de Interior.
