La polémica por la eliminación mediante decreto del tope salarial para altos cargos de la Generalitat que provienen de la función pública ha llegado este miércoles a las Cortes Valencianas, donde el PP ha negado subida de sueldos a consellers y al presidente Carlos Mazón, mientras que la oposición ha criticado «la catadura moral» del Gobierno autonómico. El Partido Popular ha defendido que la medida publicada este pasado martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) busca pedir a «personajes ajenas a la política que tienen los perfiles técnicos apropiados» que se incorporen para «trabajar en la reconstrucción» tras la devastadora DANA del pasado 29 de octubre, mientras «pueden seguir cobrando lo que cobraban». El decreto precisa que las retribuciones de todas estas personas, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, serán «las establecidas en la ley de presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que viniese desempeñando en su administración de procedencia». El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca , ha querido «desmentir» que el decreto sirva para que el presidente Mazón o algún conseller se suba el sueldo. «Se ha pedido a personas que no se dedican a la política que se reincorporen para un trabajo específico, y lo que han pedido es tener la retribución que tenían cuando estaban en ejercicio, pero eso no significa que ningún político pretenda utilizar una norma para subirse el sueldo, eso es una falsedad, y eso no va a ocurrir», ha recalcado. Al respecto, ha planteado «una reflexión»: «Hemos visto en las últimas semanas insultos a la delegada del Gobierno por parte de ciudadanos, intentos de agresiones al Rey, al presidente de la Generalitat y al del Gobierno de España. Ayer vi a algún alcalde criticado por sus vecinos... Creo que hay un hastío generalizado de la sociedad a la clase política». Por ello, Pérez Llorca ha rechazado «participar en alentar más ese descontento» porque «la sociedad tiene razón y los políticos no estamos en estos momentos a la altura de las circunstancias». «Me niego a participar a partir de ahora en ninguna pelea más entre políticos que no ayudan a que la gente recupere nada de lo perdido ni les ayuda a la reconstrucción (...) No voy a entrar en ninguna disputa política porque creo que no ayuda para nadie», ha recalcado. De esta manera, ha apostado por que los políticos «intenten dar sosiego a las personas que están desesperadas» y que «haya calma y que se vayan solucionando las cosas». «No podemos alentar a que cada vez haya más descontento y más desesperanza», ha zanjado. Preguntado sobre a cuántos consellers y altos cargos afectaría esta eliminación del límite, ha afirmado desconocer este dato -«no sé si será una o 21»- y ha reiterado que no va a «especular» con esta cuestión. «Cuando tenga la información, lo diré», ha agregado. Entre los grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV-PSOE) ha señalado que el Gobierno valenciano es «muy ágil para subirse el sueldo» y «de extremada lentitud para ayudar al a situación de emergencia». «Su prioridad es beneficiarse a sí mismo», ha aseverado. Por eso ha instado a Vox a votar en contra del decreto cuando se tenga que convalidar «si tienen un mínimo de dignidad», así como apoyar que se tramite como proyecto de ley para introducir enmiendas. En cuanto al nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, el síndic socialista ha rechazado que haya que subirle el sueldo si su vocación es de servicio público, aunque ha insistido en que el «responsable» es Mazón, quien «está haciendo esfuerzos en tener problemas para salir a la calle porque la sociedad está muy cabreada». El síndic de Compromís, Joan Baldoví , ha constatado que la eliminación del límite de salario para nuevos cargos «denota la catadura moral del Consell y sus intereses». «Es vergonzoso y ejemplifica a la perfección lo que interesa a este gobierno», ha subrayado. Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos , ha acusado a la «oposición de izquierda» de querer «desviar la atención» con sus críticas a este decreto, que se ha negado a valorar hasta que se debata a pesar de ser repreguntado al respecto. «Hoy estamos aquí para aprobar ayudas directas y una comisión de investigación (..) Todo lo demás a Vox hoy no le interesa y al pueblo valenciano tampoco», ha zanjado.
