La nueva normativa sobre el registro de viajeros, que obliga a todo tipo de alojamientos hoteleros, agencias de viajes y promotoras de alquiler de vehículos a motor a procesar todos los datos personales de sus clientes y enviarlos al Ministerio del Interior en un plazo máximo de 24 horas, será una realidad el próximo 2 de diciembre. A partir de ese día, todo tipo de alojamiento vacacional -hoteles, viviendas turísticas dadas de alta en plataformas, hostales, campings, hospedajes, casas rurales o viviendas de alquiler vacacional-, junto a las agencias de viajes y las empresas de alquiler de vehículos -tanto de coches como de embarcaciones marítimas- deberán activar el sistema mediante una aplicación informática en la que los agentes turísticos deberán volcar la información de sus clientes, aunque fuentes ministeriales afirman que "solo requiere datos que ya se están facilitando y no suponen ningún añadido ni obligaciones adicionales a lo que ya se está haciendo ahora". DSi incumplieran la nueva normativa estarían sujetos a las sanciones establecidas, que irían desde los 100 y hasta los 30.000 euros.
De esta manera, Interior descarta prorrogar -como ya ha hecho en dos ocasiones- la puesta en marcha de este registro de viajeros, que rechaza de plano todo el sector, ya que "se disparará la carga de trabajo, aumentarán los costes y se vulnerará la ley europea de protección de datos". Así lo han manifestado las patronales del sector turísticos, que advierten de que "complicará y entorpecerá la experiencia de los turistas en España, dañará la competitividad del turismo español y provocará la marcha de viajeros a otros destinos sin esta sobreexigencia de datos".
Por ello, la patronal hotelera Cehat -al igual que otras como las asociaciones Ceav, Fetave, Acave y Unav- están trabajando ya con sus gabinetes jurídicos para impugnar en los tribunales la normativa al entender que su impacto es "desproporcionado" e "incompatible" con las directivas europeas, y porque el Gobierno "no haya ofrecido soluciones ni emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación" y por haber ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, a pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento.
Fuentes de Interior niegan estas acusaciones y aseguran que la orden ministerial es una realidad que "no necesita de una ley orgánica porque cuenta con el aval del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos, que son siempre muy exigentes con el cumplimiento de la legislación vigente". Por ello, las mismas fuentes han confirmado que, a partir del lunes, se someterá a audiencia pública para que los representantes del sector puedan hacer sus aportaciones. "En todo el proceso, el Ministerio ha respetado los trámites de consulta pública, reuniones con los sectores afectados, y ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que queda amparado por la ley de la UE, que da su aval a esta regulación".
La intención de Interior es actualizar el registro de pernoctaciones hoteleras, "que está completamente obsoleto -tiene más de 65 años-, y el registro de vehículos lo es desde 1974, 50 años. Hoy resultan inservibles y no recogen las necesidades de las nuevas actividades turísticas hoteleras, como los pisos turísticos. Por eso, el nuevo registro introduce permitir recabar los datos de usuarios de todo tipo de alojamientos, las empresas de intermediación y las plataforma digitales. Esta actualización responde a las obligaciones que nos imponen dos normativas vigentes en España, el artículo 45 del tratado de Schengen y una y la ley orgánica de 2015 en su artículo 25 que obliga a tener un registro documental de los alojados. Este registro es un instrumento policial para la prevención y lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia", apuntan desde el Ministerio.
Según sus datos, desde que se activó la nueva directiva, la fuerzas del seguridad del Estado han localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial, gracias a los datos aportados por 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos, que han aportado 4,77 millones de datos de usuarios.
Si alguna de las empresas incumpliera estas obligación de trasladar los datos en menos de 24 horas, incurrirían en una infracción que según su alcance podría ser leve o grave y conllevan sanciones económicas. Para las primeras, por irregularidades o deficiencias continuadas o la presentación de datos fuera de plazo de forma repetitiva, las multas irían desde los 100 a los 660 euros. En el caso de las infracciones graves, ya sea por carencia u omisión en la obligación de facilitar información, las cantidades a abonar irían desde los 601 a los 30.000 euros. Interior insiste en que su propósito "no es recaudar. Solo queremos mantener unos parámetros de seguridad que se merece nuestro país y los turistas que nos visiten".
Especial rechazo se ha producido entre las agencias de viajes, un sector que ve muy complicado poder cumplir con la normativa. Pero Interior asegura que no pueden quedar al margen porque "no se puede permitir que nazca con huecos que puedan ser usados por delincuentes, aunque comprendemos "los elementos diferenciadores que expresan las agencias". Pese a que las asociaciones que representan a las agencias alertan de que la nueva norma exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas, Interior aclara que "no se introducen exigencias de información adicional a la que ya se solicitaban hasta ahora, apenas algún dato más que no supone nada que no pueda aportar un viajero".
Respecto a la subida de los costes, las mismas fuentes niegan que vaya a suponer desembolso alguno. "Debemos ser claros, si son datos que ya se están recogiendo y no se exige nada más allá de la lógica, no tiene que haber un mayor coste ni hay que contratar a más personal para ello. Y la inversión de lo que se necesita para realizar el proceso serían de menos de 50 euros".
