El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos ha ordenado al servicio de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado que conserve las grabaciones del patio central del edificio del pasado 30 de octubre -cuando la UCO registró el despacho del fiscal general- entre las 18:00 y las 19:45 horas para intentar acreditar una supuesta reunión entre García Ortiz y su "número dos", la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es además la fiscal encargada del caso en el que se investiga al máximo representante del Ministerio Público por las filtraciones de la denuncia y de los correos entre la Fiscalía de Madrid y la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en relación a un supuesto fraude tributario del empresario.
En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado Ángel Hurtado acuerda la medida a instancias de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que ejerce la acusación en el procedimiento-, respecto a las "cámaras que enfocan el salón noble ubicado en el patio central del edificio", cuyas imágenes ordena que se "mantengan conservadas" hasta que "se acuerde otra cosa".
APIF alertó al alto tribunal de esa "singular e insólito encuentro" en un escrito dirigido al instructor en el que ponía de manifiesto que "mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaba a cabo sus pesquisas", ambos "fueron vistos" alrededor de las siete de la tarde "en el salón noble de la Fiscalía General del Estado –concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa– revisando un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado".
APIF defiende que "es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario".
En su escrito, la asociación fiscal reclamaba la declaración como testigo del fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, "quien los observó en dicha tesitura" -una diligencia que por ahora no acuerda el instructor-, y que se reclamase a la empresa de seguridad de la sede de la Fiscalía General que aportase "las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el
patio central del edificio" de ese 30 de octubre entre las seis y las ocho menos cuarto de la tarde, "debiendo, no obstante, ser conservadas las grabaciones de todo el día por si resultasen necesarias".
En todo caso, APIF apremió a Hurtado a ordenar "de modo inmediato" que no se destruyan esas grabaciones dado que -advertía- las imágenes "tan sólo se conservan durante un plazo máximo de un mes", por lo que el próximo sábado "o antes, incluso, las imágenes que pudieran haber sido captadas, de vital importancia para el cabal desarrollo de la causa, ya no estarán disponibles". Así lo ha hecho ahora el magistrado del Supremo para evitar que esas grabaciones se eliminen.
La acusación abría también la puerta a que la declaración como testigo del fiscal del Supremo que presenció ese encuentro se lleve a cabo "una vez alzado el secreto de sumario".
