El canciller alemán, Olaf Scholz, ha cargado este miércoles contra las multas contempladas en la normativa europea 'CAFE' contra los fabricantes de automóviles que incumplan con las reglas de emisiones contaminantes, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025 y que van enfocadas hacia la prohibición de la venta de coches de combustión en el bloque comunitario desde 2035. «El dinero debe permanecer en las empresas para la modernización de su propia industria, de su propia empresa», ha asegurado el líder socialdemócrata alemán. El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, dijo estar dispuesto a apoyar la suspensión temporal de multas si los fabricantes de automóviles son capaces de compensar sus límites de emisiones de dióxido de carbono superando sus objetivos en 2026 y 2027 , algo que, por el momento, se antoja una patada hacia delante de la aplicación de la normativa comunitaria ante la desaceleración del mercado automovilístico europeo y, en especial, del vehículo eléctrico. «Nos ceñiremos a los límites y seremos pragmáticos en cuanto a la transición», aseveró Habeck al finalizar una reunión en Berlín con el ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, en la que el representante de Roma defendió su posición de suspender la aplicación de la normativa y modificar las políticas climáticas europeas ya que, asume, están dañando gravemente a la industria del bloque. Según la normativa propuesta por la Comisión Europea y aprobada por los Estados miembros, las emisiones medias de los coches nuevos matriculados en 2025 deben ser un 15% inferiores respecto de las de 2021, pero la caída de las ventas de vehículos eléctricos está dificultando la consecución de este objetivo y obligando a los fabricantes a presionar a los poderes públicos para que se flexibilice la futura normativa. La industria automovilística europea ha reafirmado su compromiso con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 y la transición hacia una movilidad de cero emisiones. Sin embargo los fabricantes se enfrentan a desafíos cada vez mayores para cumplir los objetivos de reducción de CO2 debido a la escasa demanda de vehículos eléctricos a batería y al deterioro del clima económico. Por eso la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) insta a los estados miembros de la UE a dejar de lado las diferencias y acordar la medida más urgente, que desde su punto de vista consiste en aliviar los costes de cumplimiento para 2025. Según Sigrid de Vries, directora general de la ACEA «sólo los fabricantes soportan el peso de una transformación obstaculizada por factores que escapan a su control, como una infraestructura de recarga inadecuada y unos incentivos de compra insuficientes». Para esta organización reducir los costes de cumplimiento para 2025 manteniendo firmemente encaminada la transformación de la movilidad ecológica es esencial para garantizar la resiliencia del sector automovilístico de la UE y su capacidad a largo plazo para transitar por la transición ecológica. A pesar de una inversión de más de 410.000 millones de euros por parte de la industria en investigación y adaptación de las fábricas al vehículo eléctrico programada hasta 2028, la patronal de los fabricantes alemana (VDA, por sus siglas en alemán) admite que existe una brecha entre los «ambiciosos objetivos» políticos y la realidad del mercado. «En vista de la difícil situación económica, la falta de demanda de movilidad eléctrica por parte de los consumidores y las condiciones marco aún inadecuadas, se deben evitar más cargas por posibles multas en 2025», han pedido desde la organización para añadir que, de lo contrario, se «abandonaría» a la industria y los fabricantes «se verían perjudicados». A principios de noviembre, el Gobierno francés dijo estar en la búsqueda de un frente común contra el Ejecutivo comunitario de la alemana Úrsula Von der Leyen para evitar la aplicación de estas sanciones que podrían tener un impacto potencial en la industria automovilística europea de entre 10.000 y 16.000 millones de euros aunque, fuentes del mercado consultadas por Europa Press, rebajan la cifra hasta los 5.100 millones de euros. En este contexto, además de Alemania, Italia y Francia , los países de Europa del Este podrían estar a favor de suspender la aplicación de la normativa 'CAFE' o de ser más laxos en cuanto a las sanciones. Rumanía, por ejemplo, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva. Al tiempo, la República Checa ya ha dicho que los fabricantes no consiguen acelerar la venta de eléctricos a causa del «poco interés» de los clientes.
