El Ministerio del Interior adjudicó a principios de mes una licitación pública por cuatro millones de euros para adquirir “un mínimo de 20 sistemas de vigilancia de vídeo”.
Lo llamativo de esta compra es que en el objeto del contrato de suministro se especifica que esos sistemas de vigilancia de vídeo son “para el Reino de Marruecos”.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska tramitó esta compra a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, y más concretamente, de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
Este órgano adjudicó el contrato por 4.116.500 euros a Etel 88, por el procedimiento negociado sin publicidad.
Etel 88 es una sociedad mercantil con sede en Las Rozas (Madrid), que se define como “empresa española de servicios fundada en 1988, que cuenta con una amplia experiencia en la comercialización, distribución, consultoría comercial y representación de productos de los sectores aeronáutico, defensa y seguridad”.
Uno de los mercados a los que se dedica Etel 88 es el de la “Seguridad del Estado”, donde incluye ámbitos como el control de la inmigración, la vigilancia de fronteras, la lucha contra el tráfico ilegal, el salvamento marítimo y la vigilancia de la actividad pesquera.
En la línea de producto de tecnologías de vigilancia y seguridad del Estado ofrece distintos tipos de sensores. “Colaboramos activamente en la modernización de medios técnicos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con un amplio espectro de soluciones”, como son cámaras térmicas, binoculares, gafas de visión nocturna y radares de vigilancia costera.
Aunque pueda sorprender que el Ministerio del Interior compre tecnología para destinarla no a las Fuerzas de Seguridad españolas, sino para entregarla a Marruecos, no es algo inusual en los últimos años.
La estrategia española para intentar frenar la llegada de inmigrantes ilegales, un fenómeno creciente desde hace años, incluye medidas para intentar que sean los países de la costa africana, desde el Mediterráneo central hasta la fachada atlántica del noroeste continente, los que impidan a estas personas embarcarse en una patera hacia España, o saltar las vallas de Ceuta y Melilla.
Por eso, el Gobierno de España destaca en ocasiones medios marítimos y aéreos en países como Senegal, para detectar y frenar la salida de cayucos, y también proporciona financiación y material a los cuerpos encargados de la vigilancia fronteriza de esos países: Marruecos, pero también Mauritania, Senegal...
Desde hace años, el Consejo de Ministros autoriza cada cierto tiempo estas inversiones. Por citar algunos ejemplos, en 2018 aprobó invertir 3,2 millones de euros en 108 vehículos (todoterreno tipo pick-up) y otro material para “reforzar el control de los flujos migratorios irregulares” en Marruecos, Senegal y Mauritania; en 2019 dio luz verde a gastar 26 millones de euros en 230 vehículos 4x4 tropicalizados, vehículos 4x4 con configuración de ambulancia, cien vehículos 4x4 pick up, diez camiones 4x4 cisterna para agua, ocho camiones cisterna para gasolina, 18 camiones 4x4 plataforma y ocho camiones frigoríficos; en 2021 destinó 10,6 millones a comprar cámaras térmicas y visores nocturnos para el Ministerio del Interior marroquí...
Algunas de estas adquisiciones las tramita la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), una fundación del sector público. También hay compras que cuentan con respaldo de la Unión Europea, por lo que se alega por parte del Gobierno que no es gasto que haga España.
La reciente adjudicación del “suministro de un mínimo de 20 sistemas de vigilancia de vídeo para el Reino de Marruecos” no la tramitó esa Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, sino la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En la licitación se precisa que “no hay financiación con fondos de la UE”.
