Luego de que se lograra un acuerdo entre el Gobierno y los senadores y diputados integrantes, este martes la Comisión Mixta de la Ley de Presupuestos 2025 despachó el proyecto, por lo que ahora solo resta una última revisión del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados para que se termine con su trámite legislativo.
La comisión mixta se constituyó esta misma mañana y partió con la intervención del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El jefe de la billetera fiscal expuso sobre las materias en las que no hubo acuerdo entre la Cámara Baja y el Senado (principal cometido de la Comisión Mixta) y además propuso reabrir el debate en torno a cuatro temas que preocupaban al Gobierno.
El Ejecutivo sugirió dejar sin efecto el examen de drogas para autoridades de Gobierno y el plan de capacitación en violencia de género destinado a estas mismas autoridades; reponer el presupuesto entregado a la Corporación Santiago 2023 bajo la condición de reducirlo (descenderá a 700 millones de pesos); y modificar una indicación parlamentaria que obligaba a Gendarmería a informar sobre comisiones que hayan otorgados beneficios a personas encarceladas.
Finalmente, solo estos dos últimos puntos fueron incorporados en el acuerdo final de la comisión que, a su vez, posibilitó la reposición de los recursos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), de la Defensoría Penal Pública y también de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior.
Ministro de Hacienda, Mario Marcel., durante la Comisión mixta del proyecto de Ley de Presupuestos. Foto: Aton.
Estos últimos recursos, cuestionados en el marco del caso Monsalve, fueron restituidos bajo el compromiso del Gobierno de ingresar un proyecto de ley que perfeccione la rendición de cuentas.
Pese a que finalmente se logró un consenso respecto al presupuesto del Ministerio de Secretaría General de Gobierno (Segegob), este fue uno de los puntos que más generó debate al interior de la comisión mixta.
Los parlamentarios de oposición se mostraron reticentes a asignar los 400 millones de pesos requeridos por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Asimismo, cuestionaron que durante 2024 se suplementará el presupuesto de la Segegob para subsanar los recortes que sufrió el año anterior.
“Habiendo rebajado el Congreso el gasto en la partida hace dos años, el Ministerio de Hacienda, dentro de sus facultades, pero a mi juicio en forma que no debió haber ocurrido, traspasó la misma cantidad que se había rebajado al ministerio. Entonces, tiene harto poco sentido un Parlamento que rebaja un gasto en cualquier actividad y después al Ministerio se lo compense y se lo complemente”, dijo el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Desde el oficialismo, en tanto, se defendió una propuesta -que finalmente fue la que prevaleció- para que se entregarán los 400 millones solicitados por la Dipres, con el compromiso de que no existan suplementos al presupuesto de la Segegob durante el año.
Comisión mixta del proyecto de Ley de Presupuestos. Foto: Aton.
“Yo entiendo que se quiera limitar el suplemento y que se diga: ‘No queremos que pase que igual que el año pasado, la Cámara hace una rebaja y luego se termina suplementando’, pero lo que ustedes están proponiendo es rebajar por debajo de lo que requiere la Secom y además, impedir que haya suplemento”, acusó la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas.
Tres fueron los puntos en los que el Gobierno no pudo llegar a un acuerdo con la oposición. El Ejecutivo intentó, sin éxito, eliminar una indicación impulsada por la UDI en el Senado que prohíbe al Poder Judicial realizar concursos, competencias o procesos que impliquen la evaluación o comparación de sentencias judiciales.
Del mismo modo, tampoco se impuso el criterio del Gobierno frente a una indicación que establecía una atención preferencial para chilenos, nacionalizados y extranjeros con situación migratoria regular en el sistema de salud; y que fue catalogada como contraría a la ética médica por la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Finalmente, el Ejecutivo no logró convencer a los senadores y diputados de oposición de suprimir una indicación referida a la compra de terrenos indígenas y que prohíbe a las comunidades adquirir tierras en una región diferente a la propia.
El ministro Mario Marcel pidió suprimir la propuesta parlamentaria atendiendo a la solicitud de la Comisión por la Paz y el Entendimiento de que el Congreso no se pronuncie en las materias de su competencia, ad portas de la entrega de su informe final. Sin embargo, esta petición no fue escuchada.
