El Estado de la Educación (EE) ganó otro recurso de amparo contra el MEP, lo que obliga a la institución a entregar los datos sobre las pruebas estandarizadas nacionales solicitados desde junio. Se trata de la segunda decisión de la Sala Constitucional en la que ordena al Ministerio suministrar información.
La sentencia emitida el 22 de noviembre instruye al director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), Álvaro Artavia Medrano, a que en 10 días hábiles entregue la información relacionada con las bases de datos de las pruebas nacionales estandarizadas de 2023 y 2024, tanto diagnósticas como sumativas, así como los cuadernillos de ítems vinculados a dichas pruebas y las bases de datos de las pruebas comprensivas del mismo periodo.
Prueba estandarizada del MEP encubre bajas calificaciones
Los magistrados recuerdan que se trata de información de interés público, por estar estrechamente relacionada con el derecho a la educación.
“La negativa de la autoridad recurrida carece de justificación suficiente, por lo que se ordena la entrega de estos datos en el formato anonimizado solicitado, garantizando en todo momento la protección de los datos personales, sensibles y de acceso restringido conforme a la normativa vigente”, señala la resolución.
El primer recurso fue declarado con lugar a finales de octubre, cuando se ordenó al MEP a entregaran datos sobre la implementación del nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT).
El Estado de la Educación requirió la información para la elaboración de su informe del mismo nombre, Estado de la Educación.
A finales de octubre, La Nación consultó a Álvaro Artavia por qué aún no habían entregado la información solicitada por el Estado de la Educación desde junio. El funcionario aseguró que ellos “habían entregado datos, no bases de datos”.
“El Informe del Estado de la Educación no tiene por qué venir a ser un ente fiscalizador de nuestro trabajo, no está para sus competencias. La información está disponible en el sitio web en el nivel de desglose que ellos la quieran, la pueden tener, basta que nos la consulten, pero lo que han pedido son bases de datos”, dijo Artavia.
Artavia comparó la solicitud del Estado de la Educación a que el MEP pidiera al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) datos que ellos recopilaron y no información específica.
“Esos datos que se recopilan acá con fondos públicos, después son traducidos a consultorías, casualmente que ellos se pagan para poder tener los informes. No existe forma alguna de que nosotros neguemos la información que es pública, está generada con fondos públicos, pero también está disponible públicamente”, insistió.
Según dijo, su argumento en que no saben qué uso le van a dar a esa información. “No tengo claro para qué es”, expresó.
Así respondió, aunque como se ha reiterado, es información necesaria para elaborar el Informe del Estado de la Educación.
Sala Constitucional da 5 días al MEP para entregar datos a Estado de la Educación
El segundo fallo contra el MEP aclara que lo único que el MEP no está obligado a entregar es la base de datos de las pruebas PISA 2022 (siglas en inglés del diagnóstico del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), desglosadas por ítem, nivel de desempeño y factores asociados. La razón, dijo la Sala, es que los datos se resguardan con confidencialidad.
Asimismo, en relación con la petición de la lista de centros educativos participantes en la prueba PISA 2022, el tribunal constitucional también declaró sin lugar el recurso debido al acuerdo de confidencialidad entre el MEP y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que impulsa la evaluación.
Isabel Román, coordinadora e investigadora del Estado de la Educación, comentó que para ellos lo más importante era la información relacionada con las pruebas nacionales estandarizadas.
