El auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Olger Sánchez Carrillo, evitó responder de manera directa las pocas preguntas que los diputados le plantearon sobre el Caso Barrenador, causa judicial en la que se investiga a funcionarios y exfuncionarios de la institución por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis.
Al inicio de su comparecencia en la comisión que investiga las anomalías en la CCSS, este martes, Sánchez Carrillo citó el artículo 295 del Código Procesal Penal el cual, según dijo, establece prohibiciones y limitaciones a diferentes funcionarios públicos para referirse al fondo del asunto.
Lo anterior se debe a que la Auditoría Interna de la CCSS fue quien informó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 11 de julio, sobre hechos relacionados con la adjudicación de la administración de 138 Ebáis.
A pesar de que la oficina de Asuntos Técnicos de la Asamblea Legislativa aclaró que las auditorías tienen el deber de remitir los resultados de sus indagaciones a las comisiones legislativas, en varias oportunidades Sánchez se escudó en el artículo del Código Procesal Penal para no profundizar en el fondo.
Por ejemplo, cuando la diputada de la Unidad, María Marta Carballo Arce, le preguntó por qué la Junta Directiva de la CCSS creó una comisión para revisar esta licitación si la Caja ya tenía una estructura formal para dar trámite a procesos administrativos.
“Es una pregunta también de fondo. Previo a esta comparecencia, solicitamos e hicimos una serie de consultas a instancias técnicas y revisamos jurisprudencia y dictámenes de Procuraduría General de la República, la Contraloría y la Sala Constitucional y todos apuntan a que existe imposibilidad de referirnos al fondo de esta denuncia”, respondió el auditor.
Al insistir la diputada Carballo en preguntar si había una razón técnica para nombrar esa comisión especial, Ólger Sánchez se limitó a contestar que técnicamente deben respetarse las estructuras establecidas en la institución.
Una situación parecida sucedió cuando la legisladora liberacionista, Dinorah Barquero Barquero, le preguntó a Sánchez cuánto estaría gastando de más la Caja con la adjudicación a las cooperativas.
“Esa es una pregunta de fondo. Nosotros todas esas consultas las tenemos en el documento que remitimos al Ministerio Público. Hay asuntos que se conocen públicamente pero sobre los cuales prefiero no comentar porque podría incurrir en un delito", insistió el auditor.
Sánchez, sin embargo, le reconoció a Barquero que hubo muchas reacciones a lo interno de la Caja con esta licitación y adjudicación. “Como auditoría teníamos la obligación legal de rendir un informe a la fiscalía", acotó.
Cuando se le volvió a consultar qué había fallado en este proceso de licitación pública, Sánchez insistió en no poder juzgar si se falló o no porque hay un proceso penal abierto que toma como base el informe presentado al Ministerio Público en julio.
Ólger Sánchez Carrillo es la sétima persona de una lista de más de 70 convocados a comparecer en esa comisión legislativa. Este martes se amplió la lista al aprobarse la convocatoria a comparecer de Laura Ávila Bolaños, quien apenas cumplirá una semana como nueva presidenta ejecutiva de la Caja y sustituta de Marta Esquivel.
El auditor Sánchez Carrillo sí se refirió a la crisis de las listas de espera en cirugía, citas y exámenes médicos. También contestó preguntas en relación con el reglamento para la tercerización de servicios, que la Junta Directiva dejó sin efecto en marzo del 2023, y a la deuda del Estado con la Caja.
A las listas de espera las considera uno de los temas “fundamentales que debe abordar la seguridad social”. Sánchez informó a los diputados de que la lista de personas en espera de una operación supera las 185.000, y aseguró que la Auditoría ha recomendado abordar esta situación en cinco ejes, o especialidades críticas: Cirugía General, Ortopedia, Oftalmología, Ginecología y Urología.
El funcionario también aseguró que la Auditoría recomendó una actualización del marco normativo para la contratación de terceros: “No se recomendó la derogatoria del reglamento. Sí hemos sugerido revisar y actualizar el marco normativo”, enfatizó el auditor cuando la diputada Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio, le preguntó si en algún momento había recomendado a la presidencia ejecutiva la derogatoria.
“Ustedes recomendaron actualizar y la respuesta de la Junta Directiva fue derogarlo. Haberse quedado sin el reglamento pudo haber facilitado estas contrataciones con posibles sobreprecios”, afirmó la diputada.
Para el auditor, esa fue una decisión que adoptó la Junta Directiva y en la que él o la auditoría no tiene control. También afirmó desconocer la intención detrás del acuerdo.
“La posición (de la Auditoría) es que era sano actualizar el marco normativo porque estaba obsoleto. Cualquier actualización tenía que partir de tres aspectos: razonabilidad de precios, determinación del proveedor idóneo, y de la experiencia y la calidad de los servicios”, explicó Sánchez.
El funcionario confirmó a los diputados que la Auditoría hizo una evaluación para determinar si la decisión de suspender el portafolio de inversiones se había basado en criterios técnicos.
“No logramos evidenciarlo para tomar decisiones de esa naturaleza”, aseguró quien calificó el impacto de esta paralización de “grave” porque implicó detener los proyectos de infraestructura sanitaria.
“Es importante desde el punto de vista de políticas de Estado invertir en infraestructura en salud, educación, vialidad y seguridad ciudadana", agregó.
Entre otros temas que Sánchez Carrillo discutió con los diputados está el atraso en la inauguración del nuevo Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, que quedará para enero del 2025 por un problema con las aguas pluviales.
Para Sánchez, los proyectos que se requieren para garantizar la revitalización de la infraestructura sanitaria incluyen a los que cubre el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, así como la Torre de la Esperanza, del Hospital Nacional de Niños, la ampliación del Hospital de Geriatría, y la torre que espera el San Juan de Dios para ampliar su capacidad de atención. Citó, además, la necesidad de construcción de los nuevos hospitales en Cartago, Limón y Golfito.
Sánchez también corroboró que, hasta este lunes, 75 médicos especialistas habían presentado su renuncia a la CCSS; principalmente, anestesiólogos y ginecólogos, dijo.
