En setiembre del 2011, en el Plan Nacional de Transportes se diagnosticó que la red vial nacional constaba de 7.600 kilómetros, de los cuales 5.000 estaban pavimentados, 2.500 eran de lastre y una cantidad mínima, de tierra.
La cuantificación origina controversia, puesto que la actualización de los datos es poco constante, pero se estiman 32.000 kilómetros de red vial cantonal. La cifra global incluye rutas cantonales no documentadas.
En este conjunto, la longitud de pavimento se aproxima a los 5.000 kilómetros; el resto, 27.000, son de lastre.
Costa Rica dispone, por consiguiente, de una red pública para la circulación de vehículos de casi 40.000 kilómetros, de los cuales cerca de 10.000 están pavimentados y 30.000 son de lastre.
En todo caso, el inventario necesita ser actualizado lo antes posible para una adecuada toma técnica y económica de las decisiones políticas y avanzar en su desarrollo.
Según informes más recientes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 6.880 kilómetros cantonales y 5.236 nacionales están asfaltados.
Es decir, en 12 años, el asfaltado creció apenas 221 kilómetros en rutas nacionales y 4.000 en cantonales. Sin embargo, por capacidad de volumen (cantidad de carriles), las inversiones de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la flota vehicular son mínimas.
La flota crece año tras año: desde el 2006 hasta el 2018, analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tendencia es lineal y el aumento acrecienta las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2023, según el INS, había 1,7 millones de vehículos de todo tipo.
Mediante una estimación lineal de las emisiones, en el año 2022 se calcularon poco más de tres millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente atribuidas a automóviles privados.
Reduciendo la cantidad de automotores particulares y reemplazándolos por vehículos eléctricos disminuiría.
Otro gran pecado que estamos cometiendo es la falta de una planeación del sistema de transporte. Hace más de 40 años, los ingenieros y políticos diseñaron el plan vial de los años sesenta, que se tradujo en el conjunto de carreteras actuales.
Una adecuada planificación vial debería mejorar la movilidad urbana mediante la integración de redes de caminos y medios de transporte como ferrocarriles, buses y taxis, con el fin de evitar lo que estamos viviendo: calles y carreteras colapsadas, y, como consecuencia, un gasto innecesario en humo, del 4 % del PIB, según datos del Estado de la Nación del 2023.
La ausencia de planes tiene repercusiones en la salud mental. ¿Qué ganamos luchando por alcanzar metas de crecimiento económico del 4 % o del 5 % si gastamos en humo y tratamientos médicos?
Para colmo de males, la ampliación de la Florencio del Castillo, la Bernardo Soto y la ruta 27 se paralizó, así como la carretera a San Carlos y Barranca-Limonal. Tales rutas contemplaban el aumento en la capacidad de volumen de tránsito.
No es fácil licitar obra pública en Costa Rica. Lo hemos vivido y, sin embargo, no hay lecciones aprendidas. Mientras tanto, el país gasta más en costos de operación de su flota vehicular a consecuencia de retrasos en la modernización de las principales vías de transporte.
Cada vez invertimos menos en infraestructura de todo tipo, pero principalmente en carreteras. Para el año 2023, el Conavi contaba con un presupuesto de unos $300 millones, cuando los datos demuestran que se requería, como mínimo, una inversión sostenida durante cinco años del 3,5 % del PIB, que son aproximadamente $3.500 millones al año, es decir, se invierte menos del 10 % de lo que deberíamos.
Se nos hizo tarde, y el país no puede seguir así, por lo cual una solución para mejorar la movilidad urbana es urgente.
Como expresa la Cepal, “una adecuada movilidad urbana desempeña funciones sociales y económicas fundamentales para proporcionar el acceso a oportunidades y servicios esenciales en las ciudades”.
La adecuada planificación del transporte público y electromovilidad abarca un transporte rápido, cómodo, adecuado, moderno, de fácil acceso, en un tren moderno con sus estaciones en la GAM unidas con Alajuela, Heredia, San José y Cartago, así como debidamente interconectados con el sistema de buses y taxis. Debe tener ramales de interconexiones, incluido el aeropuerto Juan Santamaría.
El sistema permitirá que los usuarios dejen sus vehículos en casa para llegar rápida y oportunamente a sus trabajos o adondequiera que vayan, descongestionando así las carreteras y mejorando de inmediato la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Que esto implica un eventual endeudamiento externo?, posiblemente, pero el ahorro del costo actual en términos del PIB debido a presas lo compensará con creces.
Ya no se trata de construir en la GAM más calles ni de ampliaciones que originan cuellos de botella en otros lados, y críticas constantes.
Hay suficientes estudios técnicos que recomiendan esta inversión, porque no es un gasto, ya sea mediante recursos propios, préstamos o alianzas público-privadas.
Los políticos de ahora y lo venideros deben tomar la decisión como hace 40 años. ¿Cómo es posible que los países vecinos inviertan en metros, autopistas y nuevas carreteras, y aquí sigan las obritas que no están resolviendo el problema integralmente? Todos aplaudiremos esta gran inversión.
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Gerardo Acosta Herrera es presidente de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).
