Con el voto en contra de la oposición por considerarla la “peor” reforma, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado sacaron el dictamen para reformar el artículo 19 constitucional, para aplicar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de tráfico de sustancias químicas y extorsión; falta la discusión en Pleno.
El panista Ricardo Anaya consideró que esta reforma es probablemente “el asunto más delicado por la implicación que tiene en decenas de personas”.
Acotó que no se discute el añadir los delitos sino de la figura. Citó que los senadores recibieron una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos para solicitar que no se aprobara la reforma, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación de eliminar la figura, pues viola la presunción de inocencia.
“Una cosa es la prisión preventiva cuando se justifica y otra es hacer un catálogo de delitos que cualquier persona, sólo por estar acusada, no sentenciada, se vaya dos años a la cárcel. A quienes han militado en la izquierda esto merece una reflexión detenida”.
Marko Cortés, también del PAN, agregó que se está en contra de que sólo baste la acusación de un ministerio público para mandar al acusado a la cárcel, cuando organizaciones como México Evalúa dan cuenta que hasta 70 por ciento de esos casos resulta no culpables, y sólo llevan a las personas a “la universidad del delito, pues si no eran delincuentes, se vuelven delincuentes”.
La priista Claudia Anaya se pronunció en el mismo sentido.
“De todas las modificaciones es la peor”. Recordó que en la reforma de 2008 se estableció que todo aquel que se extralimitara de usar la herramienta sería sujeto de sanción, y desde entonces sólo se han ido sumando delitos y delitos para usarla.
Agregó que el pronunciamiento de la CIDH es porque la prisión preventiva no se está usando de manera excepcional.
Además, cuestionó que se pide interpretar la norma en su literalidad, y en el catálogo no sólo existen delitos graves, sino no graves, como el robo a casa habitación, o sea es “sí o sí prisión preventiva oficiosa”.
La priista Carolina Viggiano indicó que se estaría pasando de seis a 22 delitos, lo cual sería otra parte del “populismo judicial”; es decir, que “la gente se sienta complacida, pero no necesariamente hacer justicia”.
En defensa, la morenista Guadalupe Chavira destacó que si bien existe gente encarcelada sólo por esa figura, en el sexenio pasado se dio el mayor número de preliberaciones de personas.
En crítica hacia el panista Ricardo Anaya consideró que deberían “ponerse el huarache antes de espinarse”, pues su líder Jorge Romero está señalado de encabezar el cártel inmobiliario.
El morenista Manuel Huerta acusó deshonestidad de la oposición, pues el 70 por ciento de los casos referidos por Marko Cortés reflejan la desconfianza en el sistema judicial, que “ con las reformas que hicimos se va a zanjar”.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, agregó que la prisión preventiva afecta a sectores vulnerables, como mujeres y personas en condición de pobreza, aunado a que “desincentiva a las fiscalías a que realicen investigaciones exhaustivas”.
