La asesora de Moncloa María Cristina Álvarez gestionó con la Universidad Complutense de Madrid (CUM) en nombre de la mujer del presidente del Gobierno la inscripción a su nombre en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del software de medición que se desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía y la firma de un pliego para una contratación pública de este centro público universitario madrileño relacionada con este programa informático.
Es la misma responsable de programas de la secretaría general de Presidencia del Gobierno que se encargó de trasladar a Reale Seguros el interés de Begoña Gómez porque continuase patrocinando la cátedra que encabezaba.
El primero de los documentos que aportó este pasado lunes como parte de las únicas diligencias que reclamó al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, es un correo, con fecha del 24 de abril de 2023, de la gerencia de la escuela de gobierno de la UCM dirigido a la dirección de Gmail de Álvarez, así como a la propia mujer de Pedro Sánchez en su dirección corporativa de la Universidad; a Blanca María de Juan Castro, coordinara del máster de Frundraising, y a José Manuel Ruano de la Fuente, director del otro máster que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, de Transformación Social Competitiva. En copia figura el departamento de asuntos económicos de la escuela de gobierno de la UCM.
Concretamente, lo envía la responsable de gerencia, María José Sánchez Rosales, y en él informa a todos ellos de que se da inicio al expediente de contratación del servicio de «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación» del software de medición para empresas desarrollado en su cátedra con financiación de compañías privadas. Esta trabajadora les pide que, por favor, revisen la propuesta administrativa por si quieren suprimir o añadir algo más.
El punto de interés de Gómez para su defensa llega, seguidamente, en el correo: «El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña». La mujer del presidente está imputada, entre otros delitos, por intrusismo profesional dado que supuestamente se encargó de «elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación por parte del Rectorado de la Complutense» de este servicio.
Cuando Gómez «no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades» ni «estar cualificada técnicamente» para ser capaz de conocer «científicamente las citadas necesidades exigidas a los licitadores».
El instructor del «caso Begoña Gómez» recordó también como otra de las razones para imputarle este delito que entre las facultades de codirectora de máster «no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, de la condición de autoridad o funcionario» de esta Universidad que le facultaría para poder llevarlo a cabo.
En el siguiente correo que adjunta el abogado de la mujer del también líder del PSOE, Sánchez Rosales, de la gerencia de la UCM, vuelve a insistir en que «tiene que ir firmada por un responsable de la cátedra» la propuesta del pliego de cláusulas administrativas, ahora definitiva, que adjunta. Gómez como codirectora tenía un cargo de responsable de estos estudios. «Por favor, cuando la tengáis firmada, me la enviáis», le asegura tanto a la asesora de Moncloa, que todo apunta a que ejercía de asistente de la mujer de Sánchez, como a ella y al director de uno de sus másteres.
Entregó dos correos más como prueba de su versión de que la inscripción del dominio en Internet (www.transformatsc.org) del posgrado y de la cátedra homónima nunca fue realizada en el Registro de Propiedad Intelectual y según las instrucciones de la UCM.
En uno, de octubre del 2022, dos trabajadoras de la Universidad le remiten a Álvarez y a Gómez, «el contrato de cesión de derechos válido». En otro, enviado minutos antes, con el mismo fin, le dejan claro que esta cesión implica que la titularidad de esta obra es «100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal» de esta misma Universidad.
En cuanto a Gómez, se señala que su «colaboración se recogerá en el contrato de cesión de derechos» en una cláusula que dice: «Se obliga a que figure el nombre de los autores y (...) los autores reconocen el derecho de la UCM a que figure su nombre en dichos ejemplares».
Y, por otro lado, que «los autores cedentes facultan expresamente a la UCM para identificarles como autores y facilitar sus datos personales ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, en caso de que se realice la inscripción de la obra».
Hazte Oír, detrás de la querella sobre el uso del software, le acusó de registrar a su nombre esta web dirigida a captar datos de clientes que costó 60.500 euros.
