El Gobierno Nacional eliminó cinco Fondos Fiduciarios Públicos este martes. En un contexto de revisión fuerte que el Ejecutivo encaró sobre estas herramientas, el Ministerio de Economía definió, a través del Decreto 1048/24, el cierre de otra tanda.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial, bajo el argumento de que registraron un "pésimo uso de los recursos de la sociedad", además de la falta de controles y de resultados.
Entre los fondos suprimidos, está el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Los eliminados son el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (Ley 26.364) y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
"Con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales", argumentó la cartera que dirige Caputo en un comunicado.
El FONDCE había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes.
"Si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido", agregaron.
"Establécese que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación", aclara el decreto.
Según detalló el Gobierno, durante una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se detectó que este fideicomiso tiene "debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión".
Uno de los principales problemas radica, de acuerdo con los argumentos, en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables. Al 31 de diciembre de 2023, alcanzaba los $ 70 millones y el 58 % de los deudores no había abonado ninguna cuota.
En tanto, el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas.
Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El fin era invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico.
"Sin embargo, tras cuatro años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias", argumentó el Gobierno.
El decreto del Ministerio de Economía elimina cinco fondos.
Sobre el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, precisaron que la SIGEN identificó "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".
En cuanto al FPROICSA, señalaron que "se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF)". Y desde 2020 este fondo no tiene actividad alguna en relación con los desembolsos a realizar.
