La segunda jornada de la comisión de investigación no permanente sobre la contratación pública de la Administración autonómica siguió la misma línea que la anterior, siendo los reproches por las formas la tónica constante, aunque en esta ocasión el objeto de la sesión tuvo más protagonismo. Además del presunto sobrecoste de 470 millones del hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro, en la sesión de este martes tuvieron gran relevancia las contrataciones hechas durante la pandemia, en las que la oposición acusa contrataciones a dedo y favoritismos con el círculo personal del PP con empresas como Mappe Asesores, Universal Support o Sibucu. La primera comparecencia corrió a cargo de Jesús Vázquez Almuiña, que fue conselleiro de Sanidade entre los años 2015 y 2020, que defendió tanto las decisiones tomadas en el área sanitaria de Vigo en relación al Álvaro Cunqueiro, que fueron «adecuadas», como las tomadas durante la emergencia sanitaria. Destacó, en este sentido, el carácter novedoso de la crisis sanitaria, un «libro en blanco» en lo que a la gestión se refiere, que puso de manifiesto la debilidad de la cadena de producción sanitaria y obligó a muchos gobiernos, incluido al gallego, a depender de Asia para el suministro de materiales como mascarillas casi al 100%. Por todo ello, el conocimiento del mercado asiático, dijo, fue una cuestión bien valorada entre las empresas contratadas, además de su solvencia, imprescindible para evitar el desabastecimiento. Eso sí, destacó que Galicia no adelantó el dinero, evitando así situaciones que sí se dieron en otras Comunidades «que pagaban por material que nunca recibían», y que debido a la anticipación con la que actuó la Xunta, en muchos casos se adquirió a menor coste que en el contexto estatal -en ocasiones, aseveró, con un ahorro del 50%-. En los 6 primeros meses de pandemia, indicó, se compraron más de 55 millones de mascarillas, más de 100 millones de guantes de nitrilo de vinilo, unos 2 millones de batas no estériles y unos 800 mil test rápidos de covid. Todo ello, aseveró, acorde a las orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de la contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis sanitaria, de abril de 2020, que señala a la flexibilidad «necesaria» de que los compradores públicos puedan dirigirse a contratistas potenciales dentro y fuera de la UE por teléfono, mail o en persona para contratar los agentes que tengan los mejores contactos en el mercado asegurando que los países dispongan de las reservas necesarias y puedan garantizar una entrega inmediata. Una solvencia que, en el caso de Sibuco, fue cuestionada por los nacionalistas, que en su turno de réplica denunciaron que esta compañía se creó en 2020. «No se podía acreditar su solvencia técnica porque no existía», aseveró Óscar Ínsua, que continuó señalando que el «Problema» no es la «contratación de emergencia»; sino que se hiciese mediante «contratos menores»: 51 en 202, 25 en 2021 y 13 en 2022. Con todo, en su turno el popular Rodríguez Martínez puntualizó que la contratación se hizo «sin formular ningún solo reparo a la legalidad» según el Consello de Contas, «mantra» que la oposición, dijo, emplea como si fuese la «epifanía de la anunciación de la corrupción del Partido Popular de Galicia». Por su parte, según explicó el exconselleiro, el criterio de solvencia se acreditó con la entrega de mascarillas no defectuosas: el Ejecutivo hizo la solicitud y esta empresa fue «la primera» en contestar. Una empresa que, «por cierto», dijo, posteriormente «entró dentro del lote o contrato marco del Ministerio, igual que Mappe Asesores» y Universal Support. Precisamente la contratación con esta compañía fue una de las principales críticas de los socialistas, reiterando que el cuñado del líder nacional del PP es director comercial de la misma. «No hablo de adquisición de mascarillas o respiradores en el peor pico de la pandemia, no, estoy hablando de un contrato de rastreo hecho un año después de que de declarase la emergencia por la ONU y en la que se adjudicaron más de 15 millones de euros», criticó la socialista patricia Iglesias. «No se puede normalizar» que el círculo personal y familiar de altos cargos del PP «como el señor Feijóo» puedan «tener un trato de favor y favoritismo en la contratación pública», dijo. Una decisión que, según justificó Almuiña, estuvo fundamentada en un criterio de gran relevancia para la administración en ese momento: posibilitar la comunicación con los ciudadanos, después de que se bloquease la línea telefónica para dar información. «La solvencia se ve en día a día», aseveró, y en ese momento, indicó, «había que buscar una empresa de telemarketing, no que supiese de pandemias, que nos pudiese dar entre 70 y 80 trabajadores en tres días a pleno funcionamiento». «Galicia fue un referente en la pandemia, y muchas CCAA se dirigieron a nosotros para pedirnos los protocolos» dijo, defendiendo unos procesos de compra «escrupulosos con la normativa adaptada a la grave situación, única en la historia» que posibilitaron el «triunfo» de Galicia en esta cuestión.
