Un proyecto de ley perdonaría las multas de tránsito impuestas entre el 2020 y el 2022. El plan de la diputada María Marta Carballo, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también pretende reducir el plazo de prescripción de las infracciones. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) advirtió de que la iniciativa constituye un riesgo de impunidad.
De aprobarse el proyecto, el Estado condonaría ¢56.372 millones correspondientes a casi 676.000 sanciones. Los interesados tendrían un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para solicitar el beneficio, incluyendo tanto el monto principal como los intereses acumulados.
María Marta Carballo argumentó que el proyecto beneficiaría a las personas que no cuentan con los recursos para saldar estas infracciones. En tanto, la exposición de motivos del plan argumenta que el número de infracciones se elevó en la pandemia por la restricción vehicular sanitaria.
En cuanto a la prescripción, el proyecto pretende reducir de siete a dos años el plazo máximo en que el Estado puede cobrar las sanciones.
Carlos Rivas Fernández, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), señaló que la condonación de multas y los arreglos de pago podrían fomentar la impunidad entre usuarios morosos, si la legislación no establece mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
“Ante la importante morosidad de infractores, siempre se ha considerado la vía del arreglo de pago, pero requiere de un apoyo de ley que hoy no existe. Deben establecerse garantías viables, pues, de lo contrario, sería una alternativa en perjuicio de los fondos públicos, al igual que la condonación que se propone, y una puerta a la impunidad”, subrayó Rivas.
El director ejecutivo añadió que el plazo de prescripción de siete años establecido en la ley no es antojadizo, sino que corresponde a la vigencia de las licencias de conducir (seis años), lo que obliga a los infractores a saldar sus deudas si desean renovar ese documento. Reducir ese plazo, advirtió, eliminaría este mecanismo coactivo.
El proyecto también propone añadir un artículo a la ley de tránsito para habilitar acuerdos de pago en las multas emitidas a partir del 1.º de enero del 2023.
Según datos proporcionados por Cosevi en un oficio del 17 de julio del 2024, citados en la iniciativa, entre el 2018 y el 2024 se acumularon 1.359.092 boletas pendientes de pago. Esto representa un total de ¢115.000 millones en ingresos no percibidos por el Estado.
Para las 344.980 multas generadas entre los años 2023 y 2024, los usuarios podrían optar por arreglos de pago para cancelar ¢30.740 millones pendientes.
La iniciativa (N.° 24652) fue presentada ante el plenario legislativo el pasado 22 de octubre y se encuentra a la espera de ser asignada a una comisión.
Como parte de la justificación, el proyecto cita el informe CSV-DE-1499-2024 de Cosevi, según el cual se evidencia un “aumento en la confección de boletas desde el año 2018 hasta la actualidad”. No obstante, los datos en realidad, revelan una disminución en la imposición de multas a partir del 2022.
En el 2021 se registraron 429.499 sanciones, el mayor número del periodo analizado, pero en el 2022, la cifra bajó a 343.566. En el 2023 hubo un leve incremento, con 347.692 multas, mientras que hasta julio del 2024, únicamente se contabilizaban 142.878.
Carballo explicó a este medio que el proyecto consideró la disminución en las sanciones al delimitar el plazo de condonación de deudas entre el 2020 y el 2022. No obstante, no se brindó justificación para la inclusión de este último año, a pesar de la baja en boletas emitidas.
