Malas noticias para los conductores. El Gobierno ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que permite a los ayuntamientos la posibilidad de cobrar una tasa a los vehículos que circulen por calles concurridas de la ciudad. La enmienda ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y deberá ser tramitada en el Congreso de los Diputados. En caso de ser aprobada, los ayuntamientos podrán elegir si desean aplicar la tasa en sus calles o no.
La idea del Gobierno es que los ayuntamientos delimiten una serie de zonas de la ciudad catalogadas como concurridas y notifiquen a través de una ordenanza municipal las calles seleccionadas. Según se apunta en la enmienda, el precio a pagar por los conductores que accedan a estas calles se aproximará a los precios establecidos por aparcar en los parkings privados de estas zonas.
De esta forma, el partido justifica que el espacio público es compartido tanto por los usuarios de los vehículos como por otros ciudadanos, ya sean "peatones, usuarios de bicicletas, usuarios de patinetes", por lo que el uso excesivamente intensivo por determinados conductores, "supone un particular beneficio de estos, en detrimento de los otros usuarios que concurren en el espacio público".
Según apuntan desde el Gobierno, esta ley tiene como objetivo “establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas, así como las entidades públicas o privadas puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire”.
Según notifica en una nota de prensa el Congreso de los Diputados, las enmiendas presentadas por el Partido Popular fueron rechazadas el pasado mes de septiembre durante el pleno del Congreso. Por ello, el proyecto de ley continuó su tramitación parlamentaria. Las propuestas quedaron rechazadas por 168 votos a favor, 176 en contra y una abstención.
El Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada ya que “no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España” y “no se establecen medidas concretas para alcanzar los objetivos”.
Además, el texto no contempla inversiones para alcanzar el objetivo de "desplazamientos responsables" y una movilidad segura y sostenible en el país, así como no establece ningún cambio en el sistema tributario que permita una confluencia entre la política de movilidad y la fiscalidad.
