Luis Alvise Pérez no acudirá finalmente a declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional en la pieza que se investiga la financiación ilegal de su campaña para las últimas elecciones europeas a través de la entrega por parte de Álvaro Romillo de 100.000 euros en efectivo que salieron de Madeira Invest Club (MIC), líder del chiringuito financiero que se investiga por estafa piramidal.
Su letrado había comunicado al magistrado José Luis Calama durante la declaración de este empresario el pasado miércoles la intención del eurodiputado de prestar declaración de forma voluntaria en los siguientes diez días.
Este martes se ha conocido lo que muchos esperaban, el líder de Se Acabó la Fiesta ha tomado la decisión de no acudir a que se le practique una testifical en calidad de denunciado ya que al ser parlamentario europeo está aforado en el Tribunal Supremo y es este el único que puede investigarlo por el delito de financiación ilegal de partidos políticos en relación a esta entrega de miles de euros en metálico.
Si el magistrado Calama finalmente observa indicios de criminalidad en la actuación de Alvise, tendrá que elevar una exposición razonada al alto tribunal, que será quien decida si lo imputa y procede contra él.
Esta pieza separada se desligó la causa principal en la que este mismo juez investiga la macroestafa de más de 30 millones de euros a más de mil antiguos clientes de MIC que confiaron en el servicios para la elusión fiscal e inversión que ofrecían.
Romillo admitió ante el instructor que mantenía una relación profesional con el político de cierta antigüedad y que esta resultaba provechosa para ambos. Como explicó en su denuncia este empresario, él le facilitaba al político medios para la recaudación de fondos (carteras de criptoactivos) dirigidos la financiación de su formación en los meses anteriores a que se presentase a las elecciones europeas del pasado junio.
A cambio de sus servicios, el dirigente de Salf le ofreció "favores futuros" como hacer lobby en pro del entramado societario del empresario a través del impulso desde la Eurocámara, primero, y, en el futuro, en las Cortes Generales españolas, de una legislación ventajosa para el sector crypto en el que trabajaba este empresario. Su defensa confirmó que no habían firmado en ningún momento contrato alguno que formalizase su relación contractual.
En la declaración también se ha conocido que Romillo le entregó previamente otros 7.500 euros en metálico. Alvise tenía supuestamente esta cifra monetaria depositada en una wallet y le trasladó a Romillo que como no sabía manejarla, por lo que le pidió que si podía dárselos en efectivo y que él se quedase con este dinero que había en la cartera virtual de activos.
Se los entregó y cuando el empresario accedió a la wallet descubrió había nada, con lo que entendió que lo habían engañado con una transferencia falsa, pese a que luego descubrió que por ahí llegaron a pasar unos 8.500 euros
