El diario de España El País publicó este lunes un reportaje donde cataloga a Costa Rica como un “paraíso de impunidad” para los agresores sexuales, quienes quedan libres o ni siquiera llegan a ser denunciados. De acuerdo con la publicación, las zonas remotas y turísticas viven una crisis de inseguridad para las mujeres, quienes son las principales víctimas de las agresiones. Menciona la existencia de una cultura de violación.
Según el reportaje, en Costa Rica se mezclan factores como el abandono estatal, la falta de presencia policial, la limitación de recursos públicos y la legitimación de la violencia. Movimientos feministas y expertos consultados indicaron al diario que esta legitimación de la violencia tomó fuerza con la elección del presidente Rodrigo Chaves, quien logró ganar los comicios en 2022 pese a contar con denuncias de acoso sexual en el Banco Mundial.
Entre los casos mediáticos señalados en el artículo están los femicidios de la turista mexicana María Trinidad Matus, la española Arantxa Gutiérrez y la costarricense María Luisa Cedeño. También, menciona la violación de dos turistas danesas en el 2022.
El artículo expone que, durante el año anterior, el Ministerio Público contabilizó 68 casos diarios de mujeres víctimas de delitos sexuales, lo que representa un aumento del 76% en comparación con el 2022. Sin embargo, del total de las denuncias presentadas el año pasado, apenas un 15% terminó con acusaciones formales.
El reportaje destaca al Caribe sur y Santa Teresa de Cóbano (Puntarenas) como destinos turísticos que se han convertido en “un paraíso para agredir”, según reconoció al diario español Lynn Segev, vicepresidenta de la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (Acoprom). La activista denunció que, en estas zonas, el abandono estatal se suma a una cultura de fiesta que atrae depredadores sexuales y narcotraficantes.
Por otra parte, según estadísticas de la Unidad de Monitoreo y Gestión de las Fiscalías (UMGEF), solamente en la zona de Bribri, Talamanca, se registraron 893 delitos sexuales entre el 2021 y el 2023.
La publicación también recolectó testimonios de mujeres víctimas y activistas. Se describen los modos de operar de algunos agresores, quienes drogan a las afectadas para luego atacarlas sexualmente. Algunos de estos hombres han logrado ser identificados y puestos tras las rejas.
El litigante Walter Brenes, quien actuó como abogado ad honorem de un grupo de activistas en Santa Teresa, conversó con El País. Según afirmó al medio, el proceso en el que colaboró se extendió por cinco años, durante los cuales la Fiscalía desestimó tres solicitudes de medidas cautelares de prisión preventiva presentadas contra un agresor sexual conocido en la zona. Este agresor finalmente fue condenado a 24 años de cárcel y, según declaró el jurista, tras la sentencia hubo un cambio en el número de agresiones reportadas en Cóbano.
El reportaje detalla que, según datos de la Fiscalía de Cóbano, este año han entrado apenas cuatro casos de delitos sexuales, frente a los 318 casos que hubo entre 2021 y 2023.
El fiscal de Puntarenas, Andrey Guerrero, señaló al diario español que es necesario aumentar el número de fiscales auxiliares, dado que los actuales afrontan una carga laboral excesiva. Según explicó, cada fiscal maneja hasta 350 casos debido al incremento de la criminalidad en Costa Rica. De acuerdo al reportaje, la UMGEF reportó que apenas hay 440 fiscales auxiliares para atender a todo el país y solamente 25 fiscalías adjuntas de Género.
La publicación detalla que, en Costa Rica, existen condiciones que dificultan a las mujeres denunciar. Una de ellas es que deben de trasladarse largas distancias hasta los centros de medicatura forense, donde son analizadas y deben someterse a exámenes tras la agresión para poder tomar restos y fluidos como evidencias.
Esta situación se agrava en las zonas turísticas, donde los servicios disponibles cierran temprano y el transporte público es limitado. Además, está la barrera del idioma, que afecta a muchas víctimas extranjeras.
Fabiola Luna, fiscal jefa de UMGEF, mencionó al medio que no existe un sistema informático unificado en el Ministerio Público, por lo que no hay trazabilidad para contrastar los datos que entran por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y por la Fiscalía, lo que genera que queden casos sin contabilizarse. Esta situación genera, a su vez, un proceso de revictimización, debido a que cada proceso requiere de interrogatorios nuevos, reviviendo la situación traumática en las denunciantes.
Debby Garay, fiscal adjunta de Género, explicó a El País que es imposible eliminar el proceso de revictimización, ya que es necesario e inherente a un proceso penal.
La publicación atribuye al actual gobierno el desmantelamiento progresivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Sin embargo, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, negó estas afirmaciones, asegurando que la institución se encontraba en un proceso de reestructuración.
