El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto legislativo que promete transformar las pensiones de millones de trabajadores del sector público. Aunque este avance genera esperanza, también abre el debate sobre el futuro de la sostenibilidad financiera del Seguro Social.
La Ley de Equidad del Seguro Social busca resolver una desigualdad que afecta a empleados del sector público desde 1983. Dos disposiciones, conocidas como la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO), han reducido significativamente los beneficios de jubilación para maestros, bomberos, policías y otros servidores públicos.
El WEP recorta las pensiones de quienes no cotizaron impuestos al Seguro Social en ciertos empleos estatales o locales. Mientras tanto, la GPO disminuye los beneficios que reciben los cónyuges, viudas o viudos de trabajadores públicos con pensiones gubernamentales. Con la eliminación de estas medidas, alrededor de 2.8 millones de personas recibirán pensiones más justas.
Los defensores de la nueva legislación argumentan que es un reconocimiento justo para quienes han dedicado su vida al servicio público. Profesionales como educadores y agentes de seguridad, que enfrentaron años de desigualdad en sus pensiones, ahora podrán disfrutar de beneficios más equitativos.
Sin embargo, no todo es optimismo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esta reforma incrementará el déficit federal en cientos de miles de millones de dólares a lo largo de la próxima década. Esto podría acelerar la fecha en la que el fondo fiduciario del Seguro Social se agote, planteando un desafío adicional para los legisladores.
La sostenibilidad del Seguro Social ha sido un tema de debate recurrente. Críticos de esta legislación consideran que, aunque es necesario corregir desigualdades históricas, deben buscarse alternativas para garantizar la viabilidad del programa. Entre las propuestas destacan elevar el límite de ingresos sujetos a impuestos sobre la nómina o modificar la fórmula para calcular los beneficios.
Por otro lado, quienes apoyan la ley aseguran que es una cuestión de justicia. Muchas de las personas afectadas por el WEP y la GPO entregaron décadas de servicio a sus comunidades, y ahora ven un resarcimiento a largo esperado.
La reforma aún debe ser aprobada en el Senado, donde también cuenta con apoyo significativo. Si se convierte en ley, la eliminación de estas disposiciones podría entrar en vigor a partir de 2024, beneficiando a miles de jubilados en todo el país.
