San José. El Congreso de Nicaragua aprobó este lunes una ley para castigar con multas o el cierre de operaciones a empresas que implementen en el país sanciones internacionales, como las que Estados Unidos adoptó contra el gobierno de Daniel Ortega.
El gobierno podrá “imponer sanciones y multas” e incluso ordenar “la suspensión temporal o definitiva” de operaciones a las entidades que apliquen medidas extranjeras, según el texto aprobado por unanimidad por el parlamento, dominado por el oficialismo.
Daniel Ortega refuerza su control en Nicaragua con nuevas reformas constitucionales
La ley fue votada después de que, el viernes, la Asamblea Nacional (AN) aprobara una reforma constitucional que otorga poder absoluto del Estado a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, cuyo rango pasó de vicepresidenta a “copresidenta”.
Ortega, quien promovió ambas iniciativas, asegura que la ley protegerá a los nicaragüenses y a sus instituciones de las sanciones. Sin embargo, analistas advierten que la normativa afectará principalmente a los bancos.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que la ONU estima dejaron más de 300 muertos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron a cientos de funcionarios y entidades públicas acusadas de respaldar violaciones de derechos humanos.
