La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado esta mañana rechazando abiertamente la "decisión unilateral" tomada por el Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos, sede desde 1985 de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. El Gobierno autonómico ha calificado esta iniciativa sobre el edificio de la Puerta del Sol como "un paso que desvirtúa su valor histórico y su papel como casa de todos los madrileños".
El mensaje de la Comunidad de Madrid se produce como respuesta al proceso iniciado el pasado 24 de octubre por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En él se daba comienzo a los procedimientos para declarar Lugar de Memoria Democrática la cárcel de Carabanchel, la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este y la mencionada Real Casa de Correos.
Con respecto a este último, el emblemático edificio madrileño fue entre 1939 y 1979 la Dirección General de Seguridad. En este edificio se centralizaron las funciones de vigilancia y represión política donde, durante la dictadura franquista, se llevaron a cabo actividades de supervisión policial, censura y persecución de opositores al régimen a través de interrogatorios, detenciones y torturas.
Esta decisión del Gobierno central provoca que, de llevarse a cabo y de acuerdo con la ley de Memoria Democrática, se deba colocar en la Casa de Correos una placa con los nombres de las víctimas, junto a los de las organizaciones que participaban. Además, según ha defendido la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, la iniciativa afecta a las competencias autonómicas sobre la gestión del patrimonio y funcionamiento de las instituciones del autogobierno.
La Comunidad de Madrid ha defendido la condición de la Real Casa de Correos como "símbolo de concordia y reconciliación de todos los españoles". Recuerda que el edificio construido entre 1760 y 1768 ha servido la función de oficina central de Correos, ha sido testigo de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1808 y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, incluso durante la época republicana bajo el Gobierno del Frente Popular.
Actualmente, el edificio está catalogado desde 1997 como Bien de Interés Cultural, es el lugar donde se celebran anualmente las Campanadas durante el 31 de diciembre y supone el punto en el que está instalado el Kilómetro 0 donde dan comienzo todas las carreteras radiales de España. Administrativamente, es sede de la Comunidad de Madrid desde 1985 donde, entre otras cosas, se encuentra el despacho de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Es por ello que la Comunidad de Madrid califica como "una auténtica barbaridad" vincular los más de 250 años de la historia del edificio a una etapa concreta llevando a cabo una interpretación de manera parcial del pasado de la Casa de Correos.
«Los poderes públicos tienen la obligación de proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la Historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid», ha defendido Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid sostiene que la iniciativa del Gobierno central de calificar la Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática no concurre a los requisitos exigidos por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Además, el Gobierno autonómico exige explicaciones por lo que consideran "una total falta de lealtad institucional" al no comunicar previamente un asunto antes de su publicación en el BOE.
El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que va a utilizar todos los resortes legales para revertir esta situación. Consecuentemente, presentará en la Asamblea de Madrid una enmienda para incorporar un nuevo capítulo en la Ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, mediante proposición de ley de medidas para mejorar la gestión del ámbito local y autonómico reforzando de esta manera la protección del edificio como sede de la Presidencia madrileña.
