El magistrado Ángel Hurtado emplaza al líder del PSOE de Madrid a explicar la información del diario ABC según la cual miembros del PSOE planificaron la difusión de los correos de Alberto González Amador cuya filtración investiga el tribunal
Ayuso acusa a Moncloa de filtrar el email con la confesión de su pareja y Lobato lo niega
Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, tendrá que comparecer como testigo en el Tribunal Supremo en la causa que investiga la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Hurtado ha decidido llamarle a declarar obligado a decir verdad para explicar la información publicada este lunes por el diario ABC según la cual Lobato depositó en una notaría mensajes con otros miembros del PSOE sobre la supuesta filtración de los correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador en su caso de doble fraude fiscal.
El magistrado cita a Lobato para comparecer como testigo este viernes 29 de noviembre a las diez de la mañana y especifica que tendrá que aportar esa supuesta acta notarial “que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística” de la cabecera de Vocento. Esta información, que atribuye a Moncloa la filtración de los correos del abogado de la pareja de Ayuso, relata que hace varias semanas el propio Lobato acudió a una notaría de Madrid para consignar una serie de mensajes intercambiados el pasado mes de marzo con Pilar Sánchez Acera, en ese momento jefa de gabinete de Óscar López, a su vez director de gabinete de Pedro Sánchez.
Según la versión ofrecida hasta ahora por el dirigente de los socialistas madrileños, ni él ni el partido ni Moncloa recibieron “ninguna información en absoluto” relativa al caso. “Queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación”, añade un comunicado de las últimas horas. La información de ABC añade que Lobato hizo una serie de manifestaciones afirmando que su interlocutora pretendía que él revelara este correo en la Asamblea de Madrid y que, si no lo hacía, filtraría esa información a un medio de comunicación que finalmente publicó esos correos en la mañana del 14 de marzo.
El juez, en una de las múltiples resoluciones notificadas este lunes sobre la causa en torno a esta filtración abierta contra el fiscal general, ha tomado nota de la publicación y ha llamado a declarar como testigo a Lobato, obligado por tanto a decir la verdad, para este viernes a las diez de la mañana, obligado también a aportar esas supuestas actas notariales. En declaraciones a los medios este lunes, antes de conocerse la citación de Lobato, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que “queda claro que han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno”.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hecho público este lunes apunta a la Fiscalía y a Álvaro García Ortiz como responsables de la filtración de los correos en los que Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, ofrecía un pacto al Ministerio Público reconociendo su doble fraude fiscal de más de 350.000 euros. Los emails y correos de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ilustran cómo distintos miembros de la Fiscalía se movilizaron para obtener esos correos y desmentir una información falsa publicada en la noche del 13 de marzo de este año, pero sin que arroje pruebas sobre si algún integrante del Ministerio Público filtró esa información a medios de comunicación.
El magistrado todavía tiene pendiente recibir el análisis que la misma unidad policial haga del material incautado en el mismo registro en los dispositivos electrónicos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que siempre ha negado estar detrás de la filtración pero ha reconocido haber dado la orden de recopilar los emails para emitir un comunicado sobre el caso de Alberto González Amador.
En otra resolución hecha pública este lunes, el juez Hurtado rechaza la petición de medidas cautelares de Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que los dos investigados, fiscal general y fiscal provincial de Madrid respectivamente, fueran suspendidos en sus puestos por tener la posibilidad de dirigir la actuación de la Fiscalía en este caso.
El juez recuerda que existen mecanismos internos en la Fiscalía para combatir esa posibilidad. “No debería obviarse que una actuación de tal tipo habría que contar con que la consintiera el Fiscal encargado del caso; incluso, si así fuere y supusiese una extralimitación denunciando la situación”.
