Casi un mes después de la catástrofe, decenas de personas siguen sacando barro de sus casas en la zona cero de la DANA donde 1.656 viviendas han sido declaradas como no habitables según la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalidad Valenciana, Susana Camarero.
La avalancha de voluntarios que han llegado a Valencia en las últimas semanas para poner su granito de arena en esta tragedia ha dejado ver la solidaridad de los ciudadanos, aunque, desgraciadamente, no siempre han acudido con buenas intenciones. Según han expuesto algunos vecinos, el pasado miércoles 20 de noviembre el municipio de Alfafar recibió la visita de comerciales inmobiliarios que se prestaban a agilizar los trámites para recuperar las escrituras de las viviendas que se hubiesen visto afectadas por las inundaciones, para lo que solicitaban sus datos personales a los habitantes que decidían prestarse al servicio.
Sin embargo, cabe recordar que toda empresa está obligada a informar a los que cedan su información personal acerca del tratamiento de la misma, advierten desde Facua, sobre todo en un caso tan excepcional como el de los afectados por la DANA. Asimismo, desde la asociación citan el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para referirse a la seguridad con la que se deben tratar los datos personales, "incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito", haciendo referencia a las malas prácticas que enfrentaron los vecinos de Alfafar al ser preguntados por la posible venta de sus viviendas después de los comerciales tuvieran en su poder sus datos personales.
En caso de detectar la presencia de falsos voluntarios o que, como en el caso expuesto, pretendan recabar datos personales sin ofrecer ninguna información sobre el tratamiento de los mismos, se recomienda denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por esta razón, y para evitar futuros problemas, lo mejor y más aconsejable es recibir asesoramiento de profesionales conocidos, así como de entidades públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, como pueden ser las asociaciones de consumidores o el Colegio Notarial de Valencia.
Mientras las administraciones continúan evaluando el alcance de destrucción de la DANA, Camarero calcula daños por valor de 153 millones de euros en bienes culturales y patrimoniales de la Comunidad Valenciana. Al detallar la situación de las viviendas, la consejera de Servicios Sociales detalló que la Unidad de Evaluación de Daños en Catástrofes cuenta con 5.172 expedientes abiertos en 38 municipios, de los que hay 1.112 finalizados. Además, hasta el momento se han desalojado casi 500 viviendas por problemas estructurales y se ha establecido la necesidad de demolición de 130.
