La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprecia en su informe pericial de los dispositivos de Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, una "participación preeminente del fiscal general del Estado" en la filtración de datos privados y reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que investiga el Tribunal Supremo.
Según consta en el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el pasado 8 de marzo a las 07:09 horas, el teniente fiscal de la secretaría técnica de Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, escribió a la fiscal provincial madrileña y hablan sobre un archivo de las diligencias de investigación que le remitió ella el día anterior sobre la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales.
"Buenos días, Pilar. El segundo archivo que me enviaste parece que las páginas vueltas están sin escanear. A partir del folio 64 e las diligencias. ¿podrías pedirles que nos lo envíen escaneado por las dos caras?". Rodríguez Fernández responde: "Hola, sorry. Me pongo con ello".
A las 09:00 horas de la mañana la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid realiza una llamada al órgano de 40 segundos en la que plantea la necesidad de que se realice copia de las diligencias conforme pidió Villafañe y se le remita por correo electrónico. A las 10:22 horas, escribe Rodríguez Fernández directamente al fiscal general del Estado, al que se dirige como "jefe", para ponerse a su disposición, sin que García Ortiz le llegue a contestar en ningún momento.
Ya pasadas las cuatro de la tarde de este mismo día le vuelven a contactar desde la Fiscalía General a través del teniente fiscal, Diego Villafañe. Este último le agradece que le hayan enviado de nuevo la documentación solicitada sobre la denuncia a González Amador.
La UCO destaca que de estas conversaciones se desprende que se filtró a la prensa por pate de la Fiscalía General del Estado la denuncia por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documentos y que, se recoge, se publicó el prensa el día 13, "tan solo 4 días después haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid.
Tras un fin de semana de por medio, las conversaciones en el seno de la cúpula del Ministerio Público vuelven a retomarse el día 12 de marzo con un mensaje en el que se reproduce la noticia publicada por Eldario.es en la que se incluyen datos concretos, párrafos textuales imágenes de la denuncia, así como dos informes de la Agencia Tributaria en base a la que se interpuso.
Para los agentes demuestra que "la prensa disponía del contenido de la denuncia contra González Amador antes que" él mismo. La relación de hechos que despliegan para confirmarlo es que el citado medio publica a la noticia de las 06:01 horas del día 12 de marzo en la que se informaba, como constaba en el titular, "La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla".
Mientras que el correo en el que el fiscal madrileño de delitos económicos al cargo de la investigación contra el novio de Ayuso, Julián Salto, no remitió la denuncia al abogado de este hasta las 09:23 horas. En el correo, salto le informa de que el hecho de que la designación del Juzgado que asumirá la acción legal tardará en producirse y que otras personas también ha sido denunciadas por estos hechos, "no será obstáculo para poder llegar aun acuerdo si lo estiman posible".
Las conversaciones, en este sentido, estaban dirigidas a que González Amador admitiese haber defraudado 350.000 en dos años a través del Impuesto de Sociedades, para evitar una pena de cárcel.
El comunicado que informó públicamente de las conversaciones entre un abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto salió, precisamente, de la Fiscalía de Madrid, aunque, posteriormente, García Ortiz asumió toda la "responsabilidad última" de su publicación. Por esta nota informativa están imputados tanto Pilar Rodríguez Fernández como García Ortiz por un delito de revelación de secretos en la causa especial que instruye el magistrado Ángel Luis Huerta.
Ese día en que se conoció públicamente por la prensa la investigación fiscal contra el empresario, la fiscal jefa de la provincia de Madrid recibe como primer mensaje sobre el asunto uno enviado por el responsable de comunicación del Ministerio Fiscal en la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, en el que le adjunta un enlace de la noticia. Le pregunta, "socorro, esto es nuestro?".
Rodríguez Fernández le confirma que así es con un "sí, claro. di cuenta la semana pasada" y el director de comunicación le informa en respuesta de que "ya está arreglado" y le da las "gracias".
Al mediodía de aquel 12 de marzo, esta fiscal imputada recibe dos whatsapps de su superior, la fiscal responsable de toda la Comunidad de Madrid, Almudena Lasta, en que le muestra, precedido de un "mira...", un tweet publicado por la propia Díaz Ayuso en el que se refiere a la receptora del mensaje. "La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero", afirmó en la publicación en cuestión en la cuenta oficial la presidenta de la CAM. La aludida, Rodríguez Fernández, le contesta "qué zafiedad!".
Solo uno segundos pasaron hasta que le remite el propio fiscal general este mismo tweet y la hermana del ministro de Transportes, Sofía Puente, que es alto cargo del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. Puente lo califica de "indignante" y la fiscal provincial de Madrid insiste en su contestación: "zafiedad".
El responsable de comunicación de la CAM le pregunta, por la tarde, si puede contestar a una pregunta respecto a la denuncia por delitos fiscal contra González Amador. La fiscal jefe de la provincia de Madrid le traslada su posición contraria a dar detalles del caso: "Esos detalles creo que no debemos comentarlos. Es más, creo que no debemos comentar nada del asunto".
En una conversación con la fiscal de sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Ana García León, Rodríguez Fernández se refiere al enfado de la responsable de la Fiscalía de la CAM, Almudena Lastra, por la filtración desde el órgano que encabeza García Ortiz "de lo del novio de Ayuso". Confirmándose que en el seno de la propia carrera fiscal se da por hecho que ha salido de esta el contenido de la denuncia que ha permitido su publicación en los medios.
El día después a que se conociese el procedimiento contra González Amador, señala la UCO que "se produce la primera interacción de interés para la investigación" sobre la posible filtración ilegal de datos privados y reservados. Así, la otra imputada, la fiscal madrileña, recibe el pasado 13 de marzo de la fiscal de sala García León, responsable de la secretaría técnica de la Fiscalía General, en el que le dice si ya se conocía la denuncia la semana pasada públicamente a través de los medios de comunicación.
Rodríguez lo desmiente y le explica que "el jueves Diego (Villafañe) me pidió las diligencias y le mandé todo" para después indicar que se imagina que "después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por Fiscalía General del Estado".
Entonces, como consta en las conversaciones intervenidas en el móvil de la fiscal provincial, aparece en escena Villafañe para darle ánimos, tildar de "infamias" el tweet de Ayuso y comentarle lo curioso que le resulta que Lastra, la responsable de la Fiscalía de la CAM, esté molesta, cuando "con otras filtraciones no se ofende". La fiscal provincial de Madrid le matiza las razones del enfado: "Almudena (Lastra) estaba enfadada porque se ha filtrado solo a un medio, según me dijo".
De sus conversaciones, señala la UCO "debe destacarse la subordinación que existe, pues desde la Fiscalía General del Estado pudiera parecer que tendrían algún plan profesional para la fiscal jefe provincial".
A partir de entonces, como se apunta en el informe policial, "se producen múltiples comunicaciones entre varios miembros de la Fiscalía, tanto de la provincial, como de la superior de la región de Madrid y de la General del Estado".
Por la noche, aquel asado 13 de marzo, tras publicarse que la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso el citado pacto de conformidad para que admita los dos delitos y evitar así una sentencia a prisión, García Ortiz reclama a la fiscal provincial en el que recibe indicaciones para que le envíen todos los correos intercambiados entre el fiscal de delitos económicos Salto y el abogado del empresario a su cuenta de correo personal, una dirección de Gmail.
Así ocurre, entre ellos, relata la UCO, está un mail que remite el abogado de González Amador y que se publica esa misma noche en la web de la Cadena SER, tras ser requerido a Rodríguez Fernández "para cerrar el círculo". "El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar aun pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio", informó esta radio.
El fiscal general le consulta al fiscal provincial de Madrid si es correcto, como entiende, que "no hay pacto hasta finalizar la instrucción y dependiendo de la prueba" y que, como interesa confirmar, "no se pacta antes de todo".
Ella se lo viene a confirmar y se extiende en que "la conformidad tampoco podría ser inmediata, primero todas las declaraciones, sin perjuicio de que sin el pago no empiezan las negociaciones de conformidad".
La clave que se desprende es la intención de Fiscalía General por confirmar que el planteamiento del acuerdo lo realizó primero el abogado de Ayuso y no, como se publicó, salió del fiscal Salto, al cargo de la investigación por defraudación a Hacienda por el empresario con una de sus empresas.
Tras la noticia de la SER, García Ortiz remite a Rodríguez Fernández una nota prensa para que también la mire la superior de Salto, Vina Alonso. "Échale un vistazo y dime si está bien (no las fechas, que lo están), sino el fondo", escribe el fiscal general. Tras hablar ambas por su lado, le confirma la fiscal jefe provincial que "las dos pensamos que está perfecta" y, después, en todo jocoso, apostilla, "aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".
Pasada la noche, ya en fecha 14 de marzo, se intercambian llamadas entre el responsable de comunicación de la Fiscalía de la CAM, el fiscal de Sala Rodríguez Rey, el fiscal general y la propia Rodríguez Fernández. A las diez y media de la mañana se publica por varios medios de comunicación la nota de prensa que abrió esta investigación en el Supremo.
La fiscal imputada en la causa traslada a Villafañe su malestar porque se denomine a la comunicación "nota informativa" y no "nota de prensa" y de que venga firmada por la Fiscalía Provincial que preside y no por la Superior de la Comunidad que la ha emitido y elaborado su versión definitiva. "Iñigo [Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de la CAM] no lo quería sacar (su sueldo depende de Ayuso)", llega a decir Villafañe, para después aclararle que accedió al final, pero a publicarlo con el logo de la Provincial de Madrid.
Es, entonces, una vez publicada la nota bajo sospecha de revelación de secretos, que el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, le pide a Pilar Rodríguez que le gustaría "hablar contigo de manera informal" y ella le llama.
Una vez finalizada la conversación con el decano del ICAM, señala la UC que llama rápidamente al teniente fiscal Villafañe y a la superior de delitos económico, Virna Alonso. Estas acciones inmediatas para los agentes "indicarían una preocupación sobrevenida o necesidad de informar de la situación" a ambos.
El asunto que la inquietaría no sería otro que la posibilidad de que desvelase el contenido de las conversaciones entre el Ministerio Público y el novio de Ayuso en el caso fiscal o su estrategia procesal. Villafañe se lo rebate, con intención de tranquilizarla "se aclaran las fechas" y se contesta "a esta falsedad" que se publicó, en referencia a la noticia de que la Fiscalía fue quien ofreció el pacto de conformidad al empresario.
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