La XV Legislatura arrancó con maniobras polémicas del PSOE en el Congreso para tratar de sacar la Ley de Amnistía adelante y poder contentar a Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En este sentido, una de las primeras maniobras estuvo orientada a modificar el organigrama de los letrados de las Cortes, que tienen mucha influencia en la tramitación de las leyes: los socialistas colocaron a Fernando Galindo, exalto cargo del Gobierno de Sánchez, como letrado mayor para emitir un informe favorable a la Amnistía y él mismo trató de despejar el camino quitando a letrados críticos de puestos clave, como la Comisión Constitucional, por donde inicialmente iba a pasar la iniciativa. Finalmente, ante las dificultades que se encontró para apartar al letrado Manuel Fernández-Fontecha de la Comisión Constitucional, la ley pasó por la Comisión de Justicia.
Y es, precisamente, sobre esos cambios en el organigrama sobre lo que se ha pronunciado el Tribunal Supremo en una sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. El propio Fernández-Fontecha presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Galindo y la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución dictada la pasada semana, ha señalado que el movimiento del letrado mayor es de "discutida legalidad". No obstante, Galindo acabó reculando tras desplazar a Fernández-Fontecha y, finalmente, repuso al letrado el 18 de diciembre de 2023 en la Comisión Constitucional tras la polémica que se generó. Por ello, la resolución del Supremo, en el fallo, se limita a señalar que da por terminado el proceso por satisfacción extraprocesal (tampoco impone las costas del proceso).
Sin embargo, en los Fundamentos de Derecho, el Tribunal Supremo sí deja entrever el rechazo a la decisión tomada por Galindo y a su estrategia de defensa. En este sentido, la Sala entra a rebatir el rechazo del Congreso al recurso presentado por Fernández-Fontecha. La Cámara Baja, en su escrito, alega que la decisión tomada por Galindo el 30 de noviembre de 2023 para cambiar el organigrama de los letrados no es un "acto administrativo susceptible de ser impugnado". El Supremo, en línea con la posición de la Fiscalía, rechaza esa postura y aduce "el derecho a la tutela judicial efectiva" reconocido por la Constitución y "la evidente afectación a la situación profesional y al desempeño de sus funciones propias como letrado".
"Es evidente que la nueva adscripción de funciones, quedando excluido de la Comisión Constitucional en la que estaba integrado durante las dos últimas legislaturas, representa y es una decisión que, aunque dictada en el ejercicio de funciones de organización, produce efectos jurídicos en los derechos e intereses legítimos y profesionales del ahora recurrente, al disponer sobre el tipo de actuación profesional que deba desarrollar el actor", recoge la resolución judicial del Supremo. En este sentido, la Sala avisa y limita, de cara al futuro, las posibilidades del letrado mayor de fulminar a los críticos para colocar a los afines en puestos claves.
Fernández-Fontecha fue el primer letrado crítico contra la Amnistía y mostró su rechazo al encaje constitucional de la medida de gracia en diversos artículos publicados en LA RAZÓN. Esos textos del letrado, que es el más longevo del cuerpo ahora mismo (entró en 1977), condujeron a que Galindo tomara la decisión de apartarle de la Comisión Constitucional, que estaba llamada a ser el órgano del Congreso que tramitara la Ley de Amnistía. Lo cierto es que, igualmente, a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, hubo hasta tres informes elaborados por distintos letrados que pusieron en duda el encaje constitucional de la Ley de Amnistía, por lo que los intentos de Galindo de acallar a los críticos no surtieron efecto.
No obstante, eso tampoco importó al PSOE para seguir adelante, una situación que ya se ha dado en esta legislatura en varias ocasiones. Por ejemplo, con la Ley de Paridad u otra ley que ahora está a la espera de superar el trámite del Senado, donde los letrados han informado de que pueden incorporar cuestiones inconstitucionales y, a pesar de ello, los socialistas han hecho oídos sordos y han seguido adelante.
Los letrados elaboran informes durante la tramitación parlamentaria de cada ley (en la Mesa del Congreso y del Senado y en Comisión) y, generalmente, sirven para que los diputados puedan mejorar los textos, corrigiendo cuestiones que puedan rebasar el marco constitucional o errores que puedan generar luego contradicciones en el ordenamiento jurídico, como ha ocurrido ya varias veces en los últimos años.
