La Unidad de la Policía Judicial de la Audiencia Nacional logró entrar finalmente el pasado martes en el concesionario PKW vinculado a Madeira Invest Club (MIC), el 'chiringuito financiero' del empresario Álvaro Romillo, que pagó a Alvise 100.000 euros en efectivo.
Los agentes accedieron al local situado en el número 12 de la madrileña calle Víctor de la Serna después de que lo autorizase juez José Luis Calama, que investiga el entramado de MIC por la estafa de más de 100 millones a miles inversores, con el fin de precintar los vehículos para que queden como deposito en el Juzgado Central de Instrucción número 4. El instructor justificó la medida con que estos vehículos "tienen origen en las cantidades objeto de defraudación".
Acompañados del propietario del local de tres plantas, lo primero que hicieron fue desprecintarlo ya que así estaba desde que dos colaboradores de Romillo intentasen llevarse varios de los coches que están aún allí aparcados presuntamente con el fin de sustraerlos de manos de la Justicia. Lo que fueron a hacer a nivel judicial se denomina un “acta de intervención” para ejecutar el precinto de los vehículos.
Del total de 27 coches registrado a sociedades que forman la estafa piramidal que habría urdido Romillo, en su interior se hallaron solo dos de los que están a nombre de la sociedad limitada del concesionario, PKW Italien. Se encontraron y procedieron al decomiso de un Ferrari 365 GTC 4 y una moto Kawasaki Z900.
Mientras se llevaba a cabo esta diligencia por parte de los miembros de la Policía Judicial se presentó en la puerta del establecimiento precisamente uno de los dos colaboradores de Romillo, actual administrador de la mercantil del concesionario, que trató de apoderarse de varios vehículos. Se trata de Alejandro Pérez Frías, que justificó su aparición con que habría saltado la alarma de seguridad.
Al ser preguntado por los agentes sobre la procedencia y titularidad de estos vehículos. Frías dijo, respecto al Bentley, modelo GT3R, –el mismo que trató de llevarse hace días– que pertenece al concesionario, pero se encuentra en trámites para ser transferido a un vecino de Ibiza que lo habría adquirido. Está, según indicó, a la espera de que se termine el trámite para su matriculación en nuestro país, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) lo paralizó y él aseguró desconocer las razones. El vehículo, sin embargo, como ha podido comprobar la Policía, está registrado en Alemania a nombre de una empresa. "Al no poder acreditarse la titularidad, así como los trámites de lo manifestado por Alejandro, se procede al precinto quedando a disposición del Juzgado", reza parte del oficio policial.
También hay un Tomasso Vettura Tipo 874 Pantera. Frías afirmó a los policías que ese vehículo es, asimismo, propiedad de la empresa vinculada a la estafa que se investiga alrededor de MIC. "Se trata de un vehículo de carreras construido a piezas que aún no se ha finalizado", con lo que no tiene número de bastidor o referencia alguna y es imposible consultar su titularidad en la DGT. Quedó, eso sí, precintado y a disposición de la Audiencia Nacional.
Otro de los vehículos que sigue aparcado es un Porsche 930 con matrícula inglesa que estaría, según se dijo en reparación. El socio de Romillo aseguró que es propiedad de esa mercantil, que fue comprado a una persona que operaba desde Oriente Medio, sin que aportase datos adicionales por –alegó– no recordarlos. En su momento, los responsables del concesionario intentaron matricularlo en nuestro país, pero las modificaciones técnicas que se le efectuaron lo impiden. Es otro de los vehículos precintados.
Un Nissan Micra, de igual forma, sería propiedad del concesionario, pero en situación irregular porque nunca llevaron la información necesaria para darlo de alta a su nombre ante la DGT. Este vehículo estaría ahí para ser reparado, pero no fue posible, y el propietario adquirió un Lexus a este concesionario y, como parte del pago, dejó este vehículo. Según Frías, aún está a nombre del antiguo propietario. Con lo que queda a disposición judicial.
Por otro lado, apareció un Renault Clio Sport y del que Frías explicó que también es del concesionario, pero que no está registrado al ser de competición, y dos motocicletas Ducati fueron compradas y siguen siendo de su propiedad. El administrador de la compañía, que era una de las vías de inversión que ofrece Romillo, detalló que desconoce si está regularizada su situación ante la DGT. No se encuentran a nombre de ninguna mercantil y están registradas por un hombre y una mujer sin vinculación a la trama. En cualquier caso, se procedió a su precinto.
Alejandro Pérez Frías está llamado a declarar esta semana por el juez que investiga, bajo secreto de sumario, el "caso Madeira Invest Club" en la Audiencia Nacional. Tiene intención de aportar documentación sobre estos vehículos y dar su versión de ante el magistrado Calama de aspectos relacionados con la estructura empresarial en la que se indaga en esta causa.
Seguirá, con ello, al líder de la presunta estafa piramidal que habrían ejecutaron a través de los servicios de asesoramiento para la elusión fiscal y de inversión que ofrecían. Se analiza sobre si los responsables de este chiringuito financiero, según la CNMV, formaban una organización criminal a través de la que, además de la estafa, habrían incurrido en delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
