La comisión del Congreso que investiga los atentados de yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) arrancará este martes sus comparecencias con el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para que explique si, como insinuó en su momento el excomisario José Manuel Villarejo, existió alguna conexión entre el espionaje español y aquellos ataques terroristas.
El Pleno acordó crear esta comisión el 12 de diciembre de 2023, se constituyó en enero de este año y los interrogatorios van a empezar a tan sólo dos semanas antes de que se cumpla un año del acuerdo para su creación. Sanz Roldán iba a haber comparecido inicialmente el pasado martes, pero después la comisión decidió retrasar su citación una semana.
Para el mismo día se ha convocado al exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera.
Y la semana siguiente, el 4 de diciembre será el turno de Villarejo que regresará a la Cámara Baja para comparecer ante una comisión de investigación. En la anterior legislatura ya lo hizo para hablar del "caso Kitchen" y la "operación Cataluña" y el Congreso tiene previsto volver a citarle en las próximas semanas para preguntarte, de nuevo, por las maniobras supuestamente realizadas desde el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a líderes independentistas y otros adversarios políticos.
Fue precisamente Villarejo quien alentó la teoría de que los atentados yihadistas de 2017 fueron en realidad una operación del CNI para castigar al Govern independentista de Puigdemont, pues tenían entre sus confidentes al imán de Ripoll, uno de los terroristas que fallecieron en la explosión previa de Alcanar (Tarragona), y todo "se les fue de las manos", una versión que desde Junts siempre se ha dado por verosímil.
Además, se han previsto para la misma sesión en la que comparecerá Villarejo los testimonios de los primeros políticos en desfilar por este órgano: el que era secretario de Estado de Seguridad cuando se produjeron los ataques, José Antonio Nieto, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
En el listado de comparecientes acordado por la comisión figuran también el exministro del Interior José Ignacio Zoido; el expresidente catalán Carles Puigdemont; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la que fuera su vicepresidenta y responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.
El pasado 26 de septiembre esta comisión reclamó al Gobierno que desclasificase documentos del CNI relativos al imam de Ripoll (Girona), que supuestamente fue confidente de los servicios de espionaje y que murió en la explosión que precipitó el ataque terrorista.
Sin embargo, según han confirmado a Ep fuentes gubernamentales, aunque desde el Ministerio de Defensa se abrieron a facilitar el acceso a los documentos que pudieran obrar en manos del organismo de inteligencia, todavía no se ha llevado al Consejo de Ministros la desclasificación de ningún documento.
Fuentes parlamentarias admiten que si el Ejecutivo no levanta el secreto sobre los documentos que pueda custodiar el CNI, el interrogatorio a Sanz Roldán podría no arrojar mucha luz porque podría alegar que no puede informar sobre asuntos que tiene carácter reservado.
En su momento, Sanz Roldán ya compareció ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, encargada de controlar al CNI y con acceso a información secreta, para dar cuenta de aquellos ataques. La comisión de investigación tiene acordado que en caso de ser necesario por tener que tratar con información reservada, podría solicitarse la convocatoria de nuevo de este órgano del que sólo forman parte los portavoces parlamentarios.
En cuanto a la documentación reclamada, aparece, además de la desclasificación de "la información reservada o secreta que pueda existir en relación a los atentados", la petición del registro de visitas a Es Satty, el supuesto cerebro de los atentados, en la prisión de Castellón por parte del CNI y la transcripción de las entrevistas mantenidas con él; el permiso de residencia de larga duración del imán y el expediente de solicitud de residencia. Asimismo, también se pide la circular a nivel policial, si la hubo, "advirtiendo de la aplicación del Reglamento europeo sobre precursores de explosivos"; el "sumario con vídeos y pruebas de voz de los testigos"; la prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca, marca Mercedes BENZ, matrícula 2958-BVZ que se encontró en la calle San Pedro, de San Carlos de La Ràpita, días después de la explosión en Alcanar, propiedad de Es Satty, y que está en el depósito Egara, en Terrassa, de los Mossos d'Esquadra; los acuerdos de las Juntas de Seguridad Autonómicas sobre coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos dEsquadra desde 2011; y, la información que obre en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre posibles amenazas terroristas en el período 2016 y 2017.
